Rodríguez Lastra "engañó a la paciente y a su familia"

El juez Meynet le impuso 14 meses de prisión en suspenso.

POR ALBERTO RIVERO - riveroa@lmneuquen.com.ar

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El juez Álvaro Meynet condenó al médico cipoleño Leandro Rodríguez Lastra a un año y dos meses de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cualquier tipo de cargo en la administración pública por el plazo de dos años y cuatro meses. Dijo que fue “mal funcionario” y que engañó a la joven y a su familia para dilatar los tiempos y negarle el derecho al aborto.

El ginecólogo fue penado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público al ser declarado culpable de obstruir un aborto legal a una joven víctima de violación en abril del 2017. En ese momento, Rodríguez Lastra se desempeñaba como jefe del servicio de Ginecología del hospital de Cipolletti y no estaba registrado como objetor de conciencia.

Según expresó el magistrado, la inhabilitación especial imposibilitará a Rodríguez Lastra el ejercicio de cualquier cargo electivo en el ámbito público y cargos designados por autoridad administrativa. Es decir que, si el fallo queda firme, no podrá ejercer como médico en ningún hospital público ni asumir compromisos como el de diputado. Sí estará autorizado a prestar servicios en el ámbito privado.

Entre las pautas de conducta impuestas para no ir a prisión, el médico tendrá que evitar cualquier tipo de contacto con la víctima.

Meynet destacó que Rodríguez Lastra no estaba incorporado al registro de objetores de conciencia. “En el juicio el acusado afirmó haber practicado abortos en otros casos”, indicó. Aseguró que la joven denunció que su embarazo era producto de una violación y que su deseo era interrumpirlo.

“Las médicas de Fernández Oro pidieron su derivación a Cipolletti pero el acusado se negó a recibirla sin la intervención de un psiquiatra. Las profesionales de Oro no faltaron a la verdad y quedó demostrado. El acusado mintió para justificar que demandó un requisito innecesario; fue una excusa para dilatar su intervención. Mintió porque no podía explicar lo inexplicable, por lo absurdo”, expuso.

Agregó que el ginecólogo en ningún momento tuvo la intención de respetar la decisión de la joven.

“Según constó en el juicio, presentaba un embarazo de entre 20,3 y 21 semanas de gestación. De acuerdo con esto podemos establecer que el plazo, si bien estaba en el límite, conforme al protocolo era posible realizarlo. La práctica era factible y el propio acusado no era ajeno a la demora”, relató Meynet.

Afirmó que Rodríguez Lastra mintió sobre un posible cuadro infeccioso, que no lo consignó en la historia clínica ni se lo explicó a la paciente. “Los protocolos incluso recomiendan atrasar la práctica abortiva en caso de infección, pero no suspenderla. En ninguna decisión participó la paciente”, afirmó el juez. Añadió que le suministró fármacos para revertir el proceso iniciado por la paciente porque nunca tuvo la intención de contemplar la práctica. “Rodríguez Lastra no respetó el derecho de la paciente de disponer de su cuerpo y de su salud”, relató. Se refirió al médico como un “mal funcionario” y aseveró que “no sólo engañó a la joven sino también a toda su familia, dejando importantes secuelas”.

En sus fundamentos, Meynet señaló que en casos como estos existe el deber de juzgar con perspectiva de género para poder evidenciar el impacto que las normas generan en un contexto de desigualdad de poder basadas en el sexo.

El fiscal Santiago Márquez Gauna, a cargo del Ministerio Público Fiscal, dijo a LM Cipolletti que hay cuestiones que no comparte con el juez y que podría impugnar parte del fallo. Por otro lado, aseguraron que la joven está satisfecha con el juicio. “Esperamos que pueda sentir un poco de alivio”, dijo la fiscal adjunta Anabela Camporesi.

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--> Exigen endurecer la inhabilitación

La diputada Marta Milesi, quien impulsó la investigación contra el médico Leandro Rodríguez Lastra, reclamó que la inhabilitación implique también el ejercicio en el ámbito privado. “Como autora de la ley sé cuál es el espíritu, y aplica para toda la salud. No hay diferencia entre un privado y un hospital. Si la mujer violada y embarazada tiene obra social y concurre a un privado, la ILE se tiene que realizar”, expresó. Indicó que en esta parte del fallo continúa vigente una “cuestión patriarcal”.

Además, pidió a la Junta de Disciplina que actúe por este caso y los siete sumarios por denuncias de maltrato a pacientes y enfermeras en el hospital cipoleño. En la sentencia, el juez Meynet consideró que no se probó que el ginecólogo maltrate a mujeres.

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