Fuerte rechazo a la unificación de dos escuelas especiales en Cipolletti
A días del inicio de clases, el Ministerio dispuso unificar las escuelas especiales 4 y 24 en Cipolletti y desató un fuerte rechazo de docentes y familias. ¿Qué pasó?
Docentes y familias rechazan la decisión de unificar las escuelas especiales 4 y 24 a días del inicio de clases.
A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2026, una decisión del Ministerio de Educación de Río Negro encendió la alarma en la comunidad educativa de Cipolletti. Se trata de la unificación operativa de las Escuelas de Educación Especial N° 4 y N° 24 en un mismo edificio, una medida que generó un fuerte rechazo por parte del gremio docente Unter y de las familias de estudiantes con discapacidad.
Según se informó, la disposición responde a la necesidad de realizar obras en la sede de la Escuela Especial N° 24. Sin embargo, desde distintos sectores advierten que la decisión se tomó de manera “intempestiva” y sin garantizar previamente un espacio alternativo adecuado que permita sostener la continuidad pedagógica.
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Críticas del gremio: “Ajuste, precarización y exclusión”
Desde el gremio docente Unter fueron contundentes al cuestionar la medida y la calificaron como parte de una política de ajuste. Bajo la consigna “La educación especial no se amontona”, el sindicato planteó que la convivencia de dos instituciones en un mismo edificio es “inviable” y “pone en riesgo derechos”.
“El Ministerio solicita configurar un trabajo coordinado desde lo pedagógico y organizativo, pero en la práctica implica un avasallamiento a los proyectos educativos de ambas instituciones”, señalaron.
El gremio advirtió que la Educación Especial requiere condiciones específicas que no pueden ser reemplazadas por soluciones improvisadas. Entre ellas, enumeraron la necesidad de espacios amplios y seguros, rutinas estables, tiempos diferenciados y acompañamientos personalizados.
En ese sentido, remarcaron que superponer dos escuelas en un mismo espacio rompe con esas condiciones básicas y desconoce las particularidades de los estudiantes. “No se trata solo de compartir un edificio, sino de garantizar un entorno adecuado para trayectorias educativas complejas”, indicaron.
Riesgos pedagógicos y laborales
Uno de los puntos más sensibles del planteo docente tiene que ver con las consecuencias concretas de la medida. Según detallaron, la convivencia simultánea de ambas instituciones generará saturación de aulas, patios y sanitarios, además de la falta de espacios para equipos técnicos y atención a familias.
También alertaron sobre el impacto en los estudiantes, dificultades en la regulación emocional, incremento de situaciones de crisis y una menor capacidad de contención.
A esto se suma el impacto en las condiciones laborales. “Esta situación incrementa el estrés, la exposición a conflictos y la sobrecarga emocional del personal docente”, señalaron.
Desde Unter insistieron en que la responsabilidad de garantizar condiciones adecuadas es del Estado y no puede trasladarse a los equipos educativos. “No es empatía lo que se necesita, sino inversión y planificación”, remarcaron.
Falta de infraestructura y reclamos históricos
El conflicto también pone en evidencia una problemática de fondo con la falta de infraestructura adecuada para la Educación Especial en la ciudad. Según indicaron, el reclamo por un edificio en condiciones para la Escuela N° 24 lleva años sin resolverse.
Incluso señalaron que la propia Escuela Especial N° 4 ya presenta limitaciones de espacio, por lo que la incorporación de una segunda institución agravaría la situación.
Además, cuestionaron que la decisión contradice las proyecciones institucionales presentadas en 2025, donde no se contemplaba la incorporación de nuevos estudiantes ni reorganizaciones de este tipo.
“Estas medidas no surgen de proyectos pedagógicos, sino de una lógica de optimización de recursos a costa de derechos”, afirmaron.
La voz de las familias
Las familias de la Escuela Especial N° 24 también expresaron su preocupación y exigieron una solución alternativa.
Mireya Lefiñanco, madre de un estudiante, manifestó a LM Cipolletti que no aceptan “reubicaciones improvisadas en establecimientos ya superpoblados”.
“Trasladar a los estudiantes a otra escuela con problemas de espacio no es una solución, es trasladar el problema”, afirmó.
Las familias propusieron alternativas concretas, como la utilización de edificios escolares nuevos sin uso en la zona o el alquiler de un inmueble que permita garantizar condiciones adecuadas durante el período de obra.
Según explicaron, estas opciones permitirían sostener la seguridad, la accesibilidad, la continuidad pedagógica y la contención emocional de los estudiantes.
Reclamos y posible escalada del conflicto
Ante este escenario, las familias exigieron una respuesta formal del Ministerio, la evaluación inmediata de alternativas y la participación activa en la toma de decisiones.
También advirtieron que, de persistir medidas que consideren vulneratorias de derechos, avanzarán con acciones institucionales y legales.
“El derecho a la educación no es solo tener clases, sino contar con condiciones dignas para aprender”, coincidieron tanto desde el gremio como desde las familias.
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