La Justicia determinó una medida cautelar para el padre denunciado de la Escuela 234 de Cipolletti

En un nuevo giro dentro del conflicto que atraviesa la Escuela Primaria 234 de Cipolletti, la Justicia resolvió aplicar una medida cautelar contra AG, el padre denunciado por docentes y padres por hostigamiento e intimidación. El fallo fue emitido por la jueza Gabriela Montorfano, del Juzgado de Paz de la ciudad, y establece restricciones concretas para resguardar a una integrante del equipo directivo de la institución.

La medida, dictada en el marco de una denuncia radicada en la Fiscalía 2 de Cipolletti, responde a los múltiples episodios de intimidación que, según los testimonios recogidos, habrían sido protagonizados por AG dentro del ámbito escolar. La identidad se mantiene bajo reserva para preservar a los niños.

En ese contexto, la Justicia dispuso el cese inmediato de cualquier tipo de acto de intimidación, hostigamiento o perturbación por parte del denunciado hacia la integrante del cuerpo directivo de la escuela.

En el texto del fallo, al que accedió LM Cipolletti, se detalla que la prohibición abarca toda forma de contacto o comportamiento que implique violencia simbólica o verbal: “Insultar, amenazar, intimidar, producir incidentes, realizar actos molestos, de hostigamiento, de acoso y/o perturbadores, por cualquier medio, ya sea en forma personal, o por teléfono, mensajes de texto, Facebook, WhatsApp, otras redes sociales o cualquier medio de comunicación”. La medida tendrá una vigencia inicial de noventa 90 días, plazo que podrá ser renovado si así lo solicita la parte denunciante y si existiera mérito para ello.

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La jueza Gabriela Montorfano dispuso la medida cautelar.

Estefania Petrella

Además, la jueza Montorfano estableció una prohibición de acercamiento de 300 metros entre AG y la denunciante, válida en cualquier contexto: vía pública, establecimientos de esparcimiento, sitios frecuentados por la víctima, e incluso en su propio domicilio. Esta distancia también rige por un periodo de 90 días y podrá ser prorrogada.

Un caso que movilizó a la comunidad educativa

La resolución judicial se presenta como un capítulo más dentro de un conflicto que conmocionó a toda la comunidad educativa de la escuela, donde durante las últimas semanas se realizaron diversas medidas de protesta. Padres de alumnos de tercer, quinto y sexto grado se organizaron para visibilizar el problema, expresando su preocupación por la seguridad de docentes y estudiantes, y denunciando reiteradas situaciones de violencia verbal e intimidación por parte del mismo padre ahora alcanzado por la cautelar.

El fallo también incluye una advertencia clara: si el denunciado incumple las medidas ordenadas, se dará inmediata intervención al Ministerio Público Fiscal por el delito de desobediencia a la autoridad. Además, se informa a la denunciante que podrá recurrir de forma directa a cualquier comisaría, comunicarse al 911, al 147 o presentar denuncia formal ante el Ministerio Público Fiscal en caso de incumplimiento.

Este avance judicial se da en paralelo a la solicitud formal realizada este miércoles por el propio AG, quien pidió el cambio de escuela para sus hijos, alegando que uno de ellos manifestó miedo de regresar a clases. Desde el Consejo Escolar, se informó que la solicitud será evaluada por los equipos de Supervisión de Educación Común y Especial, teniendo en cuenta las trayectorias escolares y la disponibilidad de vacantes.

Mientras tanto, el conflicto generó también la intervención del SENAF (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia), que en coordinación con organismos provinciales y municipales analiza la situación familiar del hombre y el bienestar de los menores que asisten a la institución.