Si un borracho al volante choca, tendrá un castigo extra en Río Negro

Cada borracho al volante que protagonice un choque tendrá que pagar no solo multas y trámites para recuperar el carnet de conducir, sino también los gastos de atención médica derivados de los accidentes.

El legislador Fernando Frugoni detalló que impulsó el proyecto el cual presentó en 2024 y tuvo que "insistir bastante" para que fuese tratado. "Este proyecto no implica ningún costo para el Estado, al contrario, busca recuperar” dinero invertido en la atención médica de heridos en accidentes.

El proyecto se trató cuatro veces en comisión hasta que finalmente fue promovido al recinto y aprobado. "Creo que la gente va a tener que pensar muy bien (manejar alcoholizado) porque a posibles causas penales o civiles y en multas, también tendrán que reintegrar gastos de atención médica", aseguró Frugoni.

El legislador cuestionó a quienes se oponían y aseguró que no hay un interés recaudatorio. "Simplemente, promovemos que el Estado recupere lo que cuestan los operativos que derivan de un accidente", concluyó.

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Frugoni puso como ejemplo el trágico accidente con cuatro víctimas fatales en la Ruta 22. "De una familia, quedó uno solo con vida, por un choque provocado por un conductor que iba borracho, drogado y con el celular", expresó. Sostuvo que el objetivo es persuadir de manejar a aquellos conductores que se encuentren en estado de ebrieda.

El proyecto que aprobó la Legislatura

Durante la presentación del proyecto en la Legislatura el legislador Lucas Pica, quien realizó aportes al proyecto, explicó que las mejoras propuestas que hacen posible que el estado recupere efectivamente los fondos que tuvo que volcar en la atención de estos siniestros.

La iniciativa establece que la presente ley será de aplicación en aquellos casos en los que las obras sociales o los seguros no solventen los gastos ocasionados. Se consideran conductas irregulares graves no respetar la luz roja del semáforo, conducir a una velocidad superior a la máxima legal permitida o de forma temeraria, y conducir sin licencia habilitante o con la misma vencida.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud o el organismo que en el futuro lo reemplace, que deberá fijar el arancelamiento de los servicios médico–asistenciales conforme al nomenclador que se establezca, arbitrar los medios necesarios para el cobro de los gastos y certificar la deuda con carácter de título ejecutivo, según lo determine la reglamentación.

El proyecto también prevé que quienes hayan provocado el siniestro y requerido asistencia del Sistema Público de Salud deberán realizar capacitación obligatoria en seguridad vial. Del total de los recursos recuperados, el 20% será destinado a programas oficiales de prevención y concientización en seguridad vial y a organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social esté directamente vinculado a esta temática.