La Defensoría rechazó el tarifazo del agua: cuestionó el pedido de aumento de ARSA

Mientras ya rige un aumento transitorio del 14% en las tarifas de aguas y cloacas, autorizado por el Gobierno provincial, la Defensoría del Pueblo salió con una postura firme contra el incremento extraordinario del 48,98% solicitado por Aguas Rionegrinas S.A. (ARSA), al considerar que la propuesta es desproporcionada, carece de respaldo técnico suficiente y pone en riesgo el acceso a un servicio esencial.

El planteo fue presentado en el marco del procedimiento de Revisión Tarifaria Extraordinaria que analiza el Departamento Provincial de Aguas (DPA). Allí, la concesionaria argumentó que el aumento busca restablecer el equilibrio económico-financiero de la prestación, afectado, según la empresa, por el atraso tarifario frente a la inflación acumulada.

Sin embargo, desde la Defensoría del Pueblo de Río Negro rechazaron de plano esa pretensión. En un extenso dictamen, el organismo sostuvo que la solicitud no cumple con los estándares de razonabilidad, proporcionalidad ni transparencia exigidos para un servicio público esencial, y advirtió sobre el fuerte impacto que tendría en la economía de los hogares rionegrinos.

agua potable

Un aumento ya vigente y otro en discusión

Cabe recordar que el pasado 22 de enero el Ejecutivo provincial oficializó, mediante decreto, una suba parcial del 14% por un plazo de 50 días. Se trata de un incremento transitorio que ya comenzó a reflejarse en las facturas y que funciona como un adelanto mientras se resuelve la revisión extraordinaria.

En términos concretos, el ajuste implica alrededor de $900 más por mes para quienes tienen solo agua potable y cerca de $1.600 mensuales para los usuarios con agua y cloacas. Con esta actualización provisoria, la tarifa mínima pasó de $12.808 a $14.601 en agua, y de $23.062 a $26.291 en el servicio combinado.

Ese 14% es apenas una parte del reclamo total de ARSA, que pretende llevar el aumento al 48,98%, una cifra que encendió alarmas en distintos sectores.

Adriana Santagasti - Defensora del Pueblo Rio Negro

“El agua no puede tratarse como una mercancía”

La defensora del pueblo, Adriana Santagati, fue contundente al señalar que el acceso al agua potable y al saneamiento integra el derecho humano al agua, reconocido por el derecho internacional y por la Constitución Nacional. Bajo esa perspectiva, remarcó que toda decisión tarifaria debe priorizar la protección de los usuarios por sobre consideraciones meramente económicas.

“El servicio debe garantizar disponibilidad, calidad y accesibilidad, incluyendo la accesibilidad económica. Una tarifa que compromete el acceso al agua vulnera obligaciones estatales básicas”, sostuvo el organismo en su presentación.

Entre los argumentos centrales del rechazo, la Defensoría enumeró tres ejes:

• Golpe al bolsillo: las familias rionegrinas atraviesan un escenario de “fragilidad económica”, tras aumentos simultáneos en energía, transporte, vivienda, alimentos y salud. En ese contexto, “absorber casi un 50% de incremento en el agua resulta inviable para amplios sectores”.
• Falta de justificación técnica: ARSA no demostró que el alza de costos se traduzca en mejoras reales del servicio ni acreditó el cumplimiento de inversiones previas. Tampoco presentó información completa sobre calidad, presión o continuidad del suministro.
• Necesidad de protección social: antes de discutir tarifas, deben garantizarse esquemas graduales, tarifas sociales efectivas, planes de pago accesibles y la prohibición de cortes por razones económicas.

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Inconsistencias y ausencia de mejoras verificables

Del análisis de la documentación presentada por la empresa, el organismo de control detectó inconsistencias técnicas y omisiones relevantes. Si bien ARSA fundamenta el pedido en fuertes subas de rubros como personal y energía eléctrica, “no acompañó esos datos con informes que vinculen esos costos con mayor eficiencia operativa o con metas de inversión cumplidas”.

También cuestionó la intención de compensar de manera retroactiva un “desfase técnico” originado en 2018, sin exigir en paralelo mejoras tangibles y medibles en la prestación actual. Para la Defensoría, una revisión extraordinaria no puede reducirse a un ajuste contable trasladado directamente al usuario.

Además, advirtió que la metodología de actualización pretendida desconoce el principio de razonabilidad tarifaria y omite mecanismos de gradualidad y protección social indispensables en el contexto económico actual.

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¿Qué puede pasar ahora?

Tras el período de observaciones abierto por el DPA, el organismo provincial deberá resolver si autoriza total o parcialmente el aumento solicitado o si lo rechaza. Esa definición se espera para principios de marzo.

Mientras tanto, el incremento del 14% continúa vigente y ya impacta en las boletas. Desde la Defensoría exhortaron a la autoridad de aplicación a desestimar el pedido del 48,98% y a condicionar cualquier eventual ajuste futuro a la acreditación fehaciente de inversiones, la implementación previa de políticas de contención social y la preservación del carácter universal y asequible del servicio.

“El agua no puede ser tratada como una mercancía sujeta exclusivamente a lógicas financieras: es un derecho humano fundamental”, concluyó el organismo, que ratificó su compromiso con un modelo tarifario justo, equitativo y socialmente sostenible.