Escándalo en Cinco Saltos: denunciaron a la presidenta del Tribunal de Cuentas
Los vocales del Tribunal de Cuentas denunciaron a Claudia López por presuntas irregularidades en el control de fondos y convenios entre Educación y el Municipio.
Otra polémica en Cinco Saltos suma tensión al escenario político local. Esta semana se formalizó una presentación contra la presidenta del Tribunal de Cuentas municipal, Claudia López, por presuntas irregularidades en el control y aprobación de rendiciones vinculadas a fondos destinados a escuelas. La denuncia fue impulsada por los vocales Omar Torres y Gabriela Dergo, quienes además ampliaron acusaciones previas que ya involucran a funcionarios del Ejecutivo local.
El planteo fue elevado ante la ministra de Educación de Río Negro, su equipo y el Tribunal de Cuentas provincial. En diálogo con LM Cipolletti, Torres explicó el alcance de la acusación y advirtió sobre una serie de procedimientos que, según indicó, “comprometen seriamente la legalidad y la transparencia de los actos administrativos”.
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“Junto a Gabriela Dergo presentamos una denuncia contra la presidenta del Tribunal por faltas graves en los procedimientos desde el inicio de esta gestión. Se trata de la presentación de rendiciones de convenios con el Ministerio de Educación, comedores escolares, sanitización, alimentos, artículos de limpieza, realizadas con su sola firma, ignorando los mecanismos de control”, sostuvo.
Rendiciones bajo sospecha
De acuerdo a la documentación presentada, las rendiciones de fondos correspondientes a convenios entre la Provincia y el Municipio habrían sido elevadas sin cumplir con los requisitos básicos establecidos por la Carta Orgánica Municipal. Entre ellos, la necesidad de contar con al menos dos firmas del Tribunal de Cuentas para validar los informes.
Según la denuncia, las actuaciones “solo fueron vistas y firmadas por la presidenta del Tribunal”, lo que, para los denunciantes, invalida el proceso administrativo. Además, sostienen que no se verificaron aspectos clave como la situación fiscal de proveedores, la razonabilidad de los precios ni la documentación respaldatoria completa.
Otro punto sensible es el manejo físico de la documentación. Torres afirmó que, en algunos casos, “las rendiciones eran retiradas de Contaduría y analizadas fuera del ámbito institucional, incluso en el domicilio de la presidenta, lo que vulnera cualquier criterio de control”.
A esto se suma que, según consta en la presentación, numerosos expedientes ingresaron al Tribunal sin foliado ni registro formal de ingreso o egreso, lo que constituye una irregularidad administrativa grave.
Uso indebido de fondos y posible red de maniobras
Uno de los aspectos más delicados que surgen de la denuncia es el presunto desvío de fondos destinados a políticas educativas. Según el documento, durante varios meses dinero asignado a convenios escolares habría sido utilizado para el pago de sueldos y aguinaldos municipales.
Si bien esa práctica, según se indica, fue posteriormente corregida y los fondos restituidos, los denunciantes sostienen que se trató de una utilización indebida de recursos con destino específico.
Además, la presentación menciona la existencia de proveedores bajo sospecha. “Estamos ampliando la denuncia con varios proveedores que facturaron rápidamente hasta $30 millones. En uno de los casos, tras ser observados, dieron de baja operaciones dejando una deuda de más de $11 millones”, detalló Torres.
En ese sentido, afirmó que existe la presunción de una operatoria más amplia: “Nos hace suponer que fueron creados para facturar pagos con dinero destinado a escuelas. Esto se amplía día a día y creemos que estamos ante una asociación ilícita”.
Antecedentes: una trama que involucra al Ejecutivo
La nueva denuncia no surge en un vacío. Semanas atrás, los mismos denunciantes habían apuntado contra la administración del intendente Enrique Rossi en una causa que ya tiene derivaciones judiciales.
En ese expediente se investigan delitos como defraudación a la administración pública, falsificación de documentos, robo de identidad, peculado e incumplimiento de deberes de funcionario. Según Torres, actualmente hay cuatro imputados: el propio intendente, el exsecretario de Gobierno Sebastián Crespo, a quien se le solicitó la renuncia, el secretario de Obras Públicas Julio Quiroga y un proveedor identificado como José Luis Conejeros.
Reclamo de intervención y posible escalada judicial
En la presentación elevada esta semana, los vocales del Tribunal de Cuentas solicitaron la intervención de organismos provinciales y exigieron que se ponga fin a las prácticas denunciadas. También advirtieron que podrían avanzar con acciones judiciales para deslindar responsabilidades.
“El Tribunal debe garantizar control, no ser parte de un circuito que lo omite. Las rendiciones de 2024 y 2025 están viciadas de nulidad”, aseguró Torres.
El caso suma un nuevo capítulo a la crisis institucional que atraviesa Cinco Saltos y que, por la gravedad de las acusaciones, podría escalar tanto en el ámbito judicial como en el político, con impacto directo en la gestión municipal y el manejo de fondos públicos sensibles como los destinados a educación.
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