Allanan la Municipalidad de Cinco Saltos tras la denuncia contra el intendente Rossi

La causa por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos en Cinco Saltos dio este viernes un nuevo giro. Personal de la Fiscalía Descentralizada y efectivos de la Comisaría 7ª realizaron un allanamiento en la Municipalidad, en el marco de las denuncias penales que comprometen al intendente Enrique Rossi y a integrantes de su gabinete.

El procedimiento fue ordenado por la fiscal Judith Saccomandi y se concretó durante la mañana, con el objetivo de secuestrar documentación clave vinculada a contrataciones directas, órdenes de pago y expedientes administrativos que forman parte de la investigación por presunta defraudación a la administración pública, malversación de fondos y peculado.

La causa se originó tras la presentación realizada por los vocales del Tribunal de Cuentas Omar Torres y Gabriela Cecilia Dergo, quienes denunciaron el pago de cerca de $100 millones a un supuesto proveedor monotributista, que previamente se desempeñaba como empleado municipal. Desde entonces, el expediente avanzó con rapidez y sumó nuevos elementos que ahora colocan al Ejecutivo local en una situación cada vez más delicada.

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El proveedor dice que le robaron la identidad

En las últimas horas, el joven que figura en los registros oficiales como beneficiario de las contrataciones millonarias se presentó de manera espontánea ante la Fiscalía de Delitos Complejos. Tiene 22 años, fue empleado municipal y aseguró que jamás firmó los contratos que aparecen a su nombre.

Acompañado por su abogada, el extrabajador denunció al intendente Rossi y al entonces secretario de Gobierno Sebastián Crespo, a quienes acusa de haber falsificado su firma y utilizado su identidad para concretar las operaciones con el Municipio.

Según relató, tras desvincularse de la comuna fue convocado para realizar tareas menores como albañil y jardinero. Para poder cobrar esos trabajos, funcionarios del Ejecutivo le habrían abierto una cuenta bancaria y le solicitaron sus datos personales. “Es un chico totalmente vulnerable que no sabe cómo hacer una factura y confió. Luego se encontró con esta denuncia”, explicó su abogada.

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La letrada aseguró que el joven “desconoce su firma en todos los contratos presentados por el Municipio” y remarcó que “el supuesto proveedor jamás firmó un contrato, no es su firma”. En paralelo, aportó documentación bancaria que ya está en poder de la Fiscalía.

Entre esos elementos figura el detalle de movimientos de la cuenta del extrabajador municipal, donde constan ingresos por unos $40 millones, pese a que el monto total de las contrataciones ronda los $100 millones. Parte de ese dinero público, según la presentación judicial, habría sido transferido a la cuenta personal de un funcionario del gabinete de Rossi. “Incluso se registraron más movimientos bancarios después de que se conociera la denuncia”, advirtió la abogada.

El joven busca constituirse como querellante contra Rossi y Crespo bajo la figura de robo de identidad y falsificación de documentación, una línea que podría agravar sensiblemente la situación de los funcionarios, aún si la Justicia no le concede formalmente ese rol.

Enrique Rossi, intendente Cinco Saltos

Allanamiento y los efectos políticos

Con estos nuevos elementos, la Fiscalía avanzó con el allanamiento en el edificio municipal, en busca de contratos originales, resoluciones, comprobantes de pago y soportes digitales que permitan reconstruir la trazabilidad de los fondos.

Mientras tanto, el impacto político no tardó en llegar. A través de redes sociales, el gobierno local informó esta semana que se puso “a total disposición de la Justicia” y aseguró que entregará toda la documentación requerida para esclarecer los hechos.

En ese mismo comunicado, Rossi anunció la primera decisión de peso: le pidió la renuncia al secretario de Gobierno, Sebastián Crespo, al señalar que la contratación cuestionada dependía de esa área. “He solicitado la renuncia del Secretario hasta tanto la Justicia determine las responsabilidades que pudieran corresponder”, expresó.

El intendente sostuvo además que ejerce su función “con responsabilidad, transparencia y honestidad” y remarcó que esos principios deben regir el accionar de todos los funcionarios municipales.

Qué viene ahora

Con el allanamiento ya concretado y la nueva denuncia del supuesto proveedor en curso, la investigación entra en una etapa clave. La Fiscalía deberá analizar la documentación secuestrada, cruzar datos bancarios y avanzar con pericias caligráficas para determinar si existió falsificación de firmas, además de establecer el recorrido del dinero público.

El escándalo, que comenzó con una denuncia del Tribunal de Cuentas, ya derivó en un operativo judicial, una renuncia en el gabinete y acusaciones cruzadas de extrema gravedad. Ahora, todas las miradas están puestas en las próximas medidas de la Justicia, que podrían definir no solo responsabilidades penales, sino también el futuro político inmediato del Ejecutivo de Cinco Saltos.