Denuncian al intendente de Cinco Saltos por un presunto pago irregular de $100 millones

Dos vocales del Tribunal de Cuentas de Cinco Saltos presentaron una denuncia penal contra el intendente Enrique Rossi y parte de su gabinete por presuntos delitos vinculados al manejo de fondos públicos. La presentación, impulsada por Omar Torres y Gabriela Cecilia Dergo, fue radicada ante la Fiscalía de Delitos Complejos.

Esta denuncia incluye al secretario de Gobierno, Sebastián Crespo, y al secretario de Obras Públicas, a quienes señalan como responsables de una presunta maniobra de defraudación a la administración pública, malversación de caudales y peculado, entre otras figuras que, según plantearon, podrían configurarse durante la investigación.

El eje del escrito apunta al pago de casi $100 millones a un proveedor que, de acuerdo con la denuncia, tuvo primero un vínculo como contratado municipal y luego pasó a facturar como monotributista con una “firma” que habría tenido como único cliente al propio Estado local.

Para los denunciantes, el caso expone una operatoria sostenida en el tiempo, con contratos que se habrían instrumentado por vías excepcionales, falta de documentación de respaldo y un patrón de resoluciones y órdenes de pago que el Ejecutivo no exhibió en forma completa ante el organismo de control.

Enrique Rossi, Cinco Saltos

De contratado municipal a proveedor: el recorrido bajo sospecha

Según el relato presentado ante la Justicia, el proveedor cuestionado inició su relación con la Municipalidad como personal contratado dentro del área de Obras y Servicios Públicos, con renovaciones sucesivas. Luego, el expediente señala una renuncia y, casi de inmediato, la inscripción como monotributista con actividades declaradas vinculadas a locaciones de servicios, alquiler de vehículos, tareas de jardinería y mantenimiento de espacios verdes.

A partir de allí se produjo el salto más relevante: el mismo actor pasó a registrarse como proveedor municipal y comenzó a emitir facturas con numeración correlativa por distintos conceptos, principalmente asociados a trabajos vinculados a convenios y tareas municipales. El punto central que remarcan los vocales es que la facturación habría sido exclusiva hacia el municipio, un dato que para ellos refuerza la hipótesis de una estructura montada para canalizar pagos desde las arcas públicas.

En ese esquema, el escrito también marca inconsistencias entre la actividad declarada ante el organismo tributario y la consignada en el registro municipal de proveedores, y plantea dudas sobre la capacidad operativa y económica del proveedor para sostener contrataciones de gran magnitud en un plazo breve.

mquinas cinco saltos

Contrataciones directas, “excepciones” y documentación ausente

Uno de los pilares de la presentación judicial es la forma en que se habrían instrumentado los contratos. Los denunciantes describen una metodología repetida: contrataciones directas “por vía de excepción”, renovaciones y pagos que, en varios casos, no tendrían el correlato documental completo en el sistema.

Entre las situaciones señaladas aparece el alquiler de vehículos y maquinaria que, no pertenecerían al proveedor o no contarían con acreditación suficiente para demostrar la titularidad o autorización del dueño registral. En algunos casos, la denuncia afirma que los contratos se firmaron sobre bienes que el proveedor decía tener “en comodato”, pero sin adjuntar el contrato correspondiente o sin intervención del propietario.

Enrique Rossi, intendente Cinco Saltos

Además, la presentación remarca presuntas irregularidades vinculadas a los límites de contratación directa fijados por normativa municipal: describen operaciones que, por monto y características, superarían el tope permitido para ese mecanismo y, aun así, habrían sido tramitadas sin licitación o sin el procedimiento de compulsa que exigiría la normativa.

Otra arista delicada es la mención a pagos efectuados en lapsos muy breves y con faltantes de respaldo: el escrito refiere a órdenes de pago sin factura asociada o sin resolución visible en el registro, y a movimientos administrativos catalogados como “ajustes” sin documentación complementaria. Para los denunciantes, ese patrón alimenta la sospecha de una administración que habría operado con controles debilitados y con trazabilidad incompleta del gasto público.

Cinco Saltos

Licitaciones y cuadrillas: las dudas sobre la capacidad real de prestación

La denuncia también dedica un apartado a contrataciones relacionadas con el mantenimiento de espacios verdes, en el marco de una licitación privada. Allí, los vocales cuestionan el modo de adjudicación y el diseño del proceso: sostienen que, pese a tratarse de una compulsa que debería asignar el objeto de contratación con criterios claros, se habría distribuido el trabajo entre varios oferentes sin que quede debidamente explicitada la justificación ni el detalle del procedimiento.

Sumado a eso, plantean una cuestión operativa: señalan que los contratos aluden a obligaciones típicas de un empleador (personal a cargo, seguros y responsabilidades), pero afirman que no se habría acreditado que el proveedor estuviera en condiciones de cumplir con esos requisitos. En concreto, sostienen que no habría constancias suficientes sobre personal declarado, cobertura de riesgos o estructura para prestar servicios en la escala contratada.

fiscalia decentralizada Cinco Saltos

El rol del Tribunal de Cuentas y la acusación contra el intendente

Para los denunciantes, el caso no se agota en un proveedor ni en un conjunto de pagos, sino que expone una relación institucional conflictiva: aseguran que el Poder Ejecutivo municipal habría negado o restringido el acceso a resoluciones y expedientes, pese a requerimientos formales del Tribunal de Cuentas amparados en la Carta Orgánica local. Incluso, describen dificultades para acceder a información a través del sistema contable, con interrupciones y obstáculos que “entorpecieron la tarea de contralor”, describieron.

En ese contexto, la denuncia apunta directamente al intendente Rossi como máximo responsable de la administración municipal y lo ubica en el centro de una presunta administración fraudulenta: la hipótesis es que, mediante contrataciones irregulares, facturaciones cuestionadas y ausencia de documentación, se habría producido un perjuicio al patrimonio público o un uso indebido de recursos bajo custodia estatal. También se menciona la posible utilización de fondos atados a convenios con cláusulas de destino específico, lo que abriría otra línea de análisis sobre el destino real de partidas.

Los vocales solicitaron que se investigue, se determinen responsabilidades y se los tenga como parte querellante para proponer medidas de prueba durante la etapa fiscal. A partir de ahora, será la Fiscalía de Delitos Complejos la que deberá evaluar el material aportado, ordenar diligencias y establecer si los hechos denunciados configuran delitos y quiénes habrían participado.