El rechazo al reconocimiento facial en los hospitales rionegrinos llegó a la Justicia: Qué se resolvió
Un empleado del hospital de Cipolletti presentó un recurso de amparo para frenar el mecanismo de control de asistencia. Ya se expresó la Justicia Civil.
El sistema de reconocimiento facial destinado al control del ausentismo laboral en los hospitales rionegrinos que puso en marcha el gobierno provincial genera una fuerte resistencia de parte del personal y de los gremios estatales. La queja, expresada públicamente en principio, llegó a la Justicia, en un intento por frenar su implementación.
En este sentido, un trabajador del hospital de Cipolletti presentó una acción de amparo en el Juzgado Civil local para suspender la implementación del nuevo procedimiento que se instrumenta mediante el registro de biometría facial y geolocalización, con el fin de controlar los ingresos y egresos del personal.
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La medida, cuestionada desde los gremios ATE, UPCN y ASPUR, es una resolución de cumplimiento obligatorio y se ejecuta mediante un escaner que coteja los rasgos del rostro de los empleados para asentarlos en las planillas de asistencia.
Privacidad vulnerada como fundamento
De acuerdo a lo que expuso en el trabajador en la presentación realizada el último viernes 21 de agosto, el procedimiento vulnera la privacidad de datos personales, como los biométricos.
Sostuvo en este sentido que la “Ley Nacional de Protección de los Datos Personales determina que ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles” y que en este caso “obliga a hacerlo bajo amenaza de un sumario”.
También resalta que “quebranta la ley y viola su derecho a la intimidad protegido por el art. 20 de la Constitución de Rio Negro, por lo que refiere que la misma también es inconstitucional”.
El amparista recordó que el gremio ASSPUR -Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro- requirió información al Ministerio de Salud y a la Dirección del Hospital cipoleño acerca de cómo se efectuaría la recolección y almacenamiento de los datos, las medidas previstas para su protección y seguridad, y las condiciones de acceso a dicha información, sin “se haya obtenido respuesta”, según afirmó.
Denunció que esa reticencia “vulnera también el derecho a recibir información previa respecto de la recolección y tratamiento de datos personales”.
A su entender, añade, “el consentimiento para proporcionar datos biométricos debe ser libre y expreso”, conducta que “no se verifica en el caso, atento al carácter obligatorio establecido por la resolución y a las consecuencias previstas para el supuesto de incumplimiento”.
La Justicia Civil no tiene competencia
El reclamo fue analizado por el juez Mauro Marinucci, titular del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones 9 de Cipolletti, quien se declaró incompetente por no su ámbito de intervención. Sostuvo que debe agotar la instancia administrativa o cumplido ese paso recurrir al fuero Contencioso Administrativo.
El magistrado también resaltó además que la acción de amparo no era el recurso adecuado para esta demanda. Explicó que carecía de los requerimientos esenciales exigidos para los amparos, dado que se trata de una herramienta legal establecida para cuestiones urgentes, y en esa presentación no se cumple ese requisito. Agregó que el rechazo a la pretensión no se advierte la vulneración de derechos.
Recordó un fallo de la Corte Suprema de Justicia que aplica como doctrina y expresa que "el amparo es un proceso utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que, por carecer de otras vías aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, por esa razón su apertura exige circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, frente a las cuales los procedimientos ordinarios resultan ineficaces".
Donde se instrumenta el nuevo sistema
El ministerio de Salud de Río Negro puso en marcha la primera etapa para implementar el sistema de reconocimiento facial destinado al control del ausentismo laboral. El registro de datos biométricos del personal público se inició en San Antonio Oeste y el Alto Valle, con la previsión de extender la medida a otras áreas del Estado provincial más adelante.
La iniciativa contempla una inversión superior a los $1.200 millones para desplegar equipamiento en 220 centros de salud y hospitales. El proceso alcanzará a más de 7.000 agentes sanitarios, quienes actualmente reciben capacitaciones sobre el funcionamiento del mecanismo.
A pesar del avance en la instalación de equipos y el enrolamiento, el sistema aún no está operativo. El marcado de ingreso y egreso se mantiene mediante huella digital. Desde el Gobierno provincial precisaron que, si bien la colocación de los dispositivos finalizaría entre septiembre y octubre, esto no implica que la totalidad del personal quede incorporada de forma inmediata. La implementación del control facial cosechó un rechazo unánime por parte de los gremios estatales ATE, Asspur y UPCN.
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