Cuestionan al gobierno nacional por eliminar los fondos para obras en barrios populares

A raíz del cierre definitivo del Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu) dispuesto por el gobierno nacional, la dirigencia de la Mesa Nacional de Barrios Populares (MNBP) sostuvo que tal decisión representa “una sentencia contra los más pobres”. Más de 5 millones de argentinos se quedarán sin acceso a una vivienda adecuada, agua potable, cloacas, electricidad segura o calles pavimentadas.

El Fisu se creó en 2018 durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri a través de la ley nacional 27453 que contó con un amplio respaldo político en el Congreso de la Nación. La administración posterior del ex mandatario Alberto Fernández le otorgó un rol trascendente a la iniciativa y la Secretaría de Integración Socio Urbana (Sisu) brindó respaldó a numerosas obras y emprendimientos en todo el país.

En la región, se trabajó intensamente en el relevamiento de los barrios populares y luego en Cipolletti, y desde la ciudad para otras localidades del Valle, se impulsaron numerosos proyectos y trabajos para mejorar la calidad de vida en distintos barrios.

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El gobierno nacional decidió cerrar en forma definitiva el fondo fiduciario que existía para el desarrollo de obras en los barrios populares.

Así, se concretaron distintas labores en sectores poblacionales como el Barrio Obrero A y B, Costa Norte, 10 de Enero y Nuevo Ferri, además de propiciarse mejoras en barriadas de Neuquén, Allen y Fernández Oro.

La actual gestión del presidente Javier Milei, apenas asumir, congeló las iniciativas prácticamente en forma total y ahora directamente ha avanzado en el cierre del Fisu, cuyas partidas solventaban el desarrollo de los emprendimientos.

La conducción de la MNBP, que integra la cipoleña Lilia Calderón, cuestionó la disposición gubernamental, haciendo un repaso de lo que significó e implicó el fondo destinado la realización de propuestas de progreso urbano en los barrios populares.

Obras para los barrios

En un documento público, destacó el objetivo de concretar obras en los 6.467 sectores poblacionales del país que fueron relevados a instancias del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

De esta manera, se pudo consolidar “uno de los programas de política territorial más relevantes de las últimas décadas”, cuyo lanzamiento fue fruto de un gran “consenso institucional”.

El primer golpe contundente contra el Fisu lo adoptó el gobierno de Milei en diciembre de 2023, cuando rebajó el financiamiento que tenía del Impuesto País de un 9 por ciento de lo recaudado a apenas un 0,3%.

“Esta decisión provocó la paralización de más de 700 obras en todo el país, el deterioro de la infraestructura ya construida, con pérdidas millonarias de recursos públicos, y la interrupción del trabajo para más de 25.000 personas, en su mayoría trabajadores de cooperativas de la economía popular”, enfatizó.

Funcionamiento eficaz

En el texto, la dirigencia barrial recordó que “funcionarios del actual gobierno reconocieron” que la Sisu, a cargo del fondo, “tuvo un funcionamiento eficaz”, pese a lo cual “en lo que va del 2025 se sub-ejecutó más del 90% del presupuesto disponible”.

De nada sirvieron los controles de la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación, Universidades Nacionales y organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo que pudieron comprobar el correcto desenvolvimiento de la política de integración socio urbana, ya que igual la administración de La Libertad Avanza resolvió terminar con su realización.

En ninguna de las auditorías “se registraron observaciones por malversación de fondos ni irregularidades”, resaltó la MNBP.

Para la organización barrial, el Fisu “representó un acuerdo democrático inédito en la historia reciente del país”, al compendiar “una política impulsada desde los barrios, reconocida institucionalmente, sostenida a lo largo de distintas gestiones y con impactos concretos en la mejora de la calidad de vida de los sectores más postergados”.

Gobierno nacional y FMI

Sin embargo, “en el marco de las demandas del Fondo Monetario Internacional al gobierno nacional, el nuevo acuerdo establece el cierre de todos los fondos fiduciarios, incluido el Fisu. Esta decisión refleja una preocupante pérdida de soberanía, sacrificando un programa fundamental para las familias de los barrios populares”.

Ante ello, la MNBP afirmó que “el freno a las políticas de integración socio urbana tiene un impacto directo e irreversible en la vida de 5 millones de personas en situación de pobreza”, por lo que exigió “su inmediata reactivación y la restitución de los fondos necesarios para continuar garantizando condiciones de vida dignas para quienes representan al menos el 10% de la población argentina”.

Un golpe bajo

En relación con el pronunciamiento de su organización, la cipoleña Calderón indicó que “para nosotros es tremenda la decisión tomada por el gobierno nacional, que ya venía con distintos ataques, como el hecho de apenas asumir paralizar todas las obras a lo largo y ancho de todo el país. Fue un golpe tremendamente bajo y ahora hacer desaparecer el Fisu es aún peor”.

Señaló que la MNBP está a la espera de una reunión con funcionarios nacionales a los fines de que se revea la situación y se retomen las políticas socio urbanas. A la vez, el nucleamiento está preparando una movilización general para el viernes 16 de mayo.

La referente lamentó que las decisiones de Nación hayan impactado negativamente en las barriadas de todo el país y precisó que en la región “han quedado muchas obras paralizadas”. En el caso de Neuquén, el gobierno provincial y el gobierno del municipio capitalino “pudieron seguir avanzando en algunas obras de los barrios populares”, en tanto que en Río Negro “se paralizó absolutamente todo y no hay diálogo con el gobierno provincial ni el municipal de Cipolletti”.