Cooperativa le exigirá más de 100 millones de pesos al Municipio orense

Los integrantes de la Cooperativa de Trabajo Barrio Obrero estiman en más de 100 millones de pesos las pérdidas en implementos para la construcción que el Municipio de Fernández Oro se llevó en camiones, hace ya diez días, del predio en el que avanzaban con un loteo. La Justicia, avaló las medidas del Municipio.

Las autoridades de la comuna buscaban desmantelar lo que consideran un asentamiento irregular por estar ubicado en tierras productivas en las que no se podrían concretar urbanizaciones. El operativo que montaron tuvo el aval previo del Juzgado de Faltas, que lleva la causa abierta por la conflictiva situación.

El titular de la Cooperativa de Trabajo, Eduardo Álvarez, manifestó su total rechazo a lo actuado por el Municipio y defendió la legalidad del loteo social que se ha efectuado en el predio, del que son beneficiarias 250 familias. Destacó las gestiones y trámites que, en su momento, se cumplieron para conseguir el apoyo del gobierno nacional, que aportó los fondos para que se pudieran adquirir las tierras, de las que la entidad tiene la propiedad legal. El loteo tiene por nombre Barrio Aliwen.

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Las familias adjudicatarias del loteo social Barrio Aliwen, a cargo de la Cooperativa de Trabajo Barrio Obrero, se han movilizado para reclamarle al Municipio de Fernández Oro que les permita urbanizar.

El problema, para el Municipio, es que el sector está restringida la construcción de viviendas porque se trata de tierras productivas. El Ejecutivo presentó actas de infracción previas al operativo, que la Cooperativa aseguró desconocer. Para la Justicia, demuestran que no hubo ilegalidad en el procedimiento.

En la actualidad, son muchas las personas, entre integrantes de la cooperativa y miembros de las familias que han accedido a una parcela, que se van rotando para permanecer en el loteo. Lo hacen así desde la irrupción del Municipio en el lugar, pues buscan impedir que se repita lo que ya sufrieron y que tantas pérdidas les ha generado. La permanencia, con sus rotaciones, será por tiempo indeterminado.

El referente expresó que las tierras fueron adquiridas en el marco del programa Acción para el Repoblamiento Comunitario de la Argentina (ARCA), que se gestionó ante la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) en el anterior gobierno nacional. La repartición en la actualidad es una Subsecretaría.

Sostuvo, además, que tanto el ex intendente Mariano Lavín como el actual jefe comunal Gustavo Amati están desde un principio al tanto del loteo de tierras, en el caso de Amati porque antes fue concejal. Ambos, oportunamente, habrían colaborado y facilitado la concreción de la iniciativa.

Cuentas a saldar del Municipio

"Nosotros hemos hecho cuentas y, en principio, son más de 100 millones de pesos los que tendrá que pagar el Municipio" por los daños, destrozos, materiales faltantes y demás perjuicios ocasionados. Solamente las bombas de agua costaron 5 millones de pesos cada una, cuando fueron adquiridas, hace un año y medio. Hoy cada una no valdría menos de 10 ó 15 millones de la moneda nacional.

El acta que labró el personal de la comuna por el operativo fue firmada en disconformidad por los cooperativistas, ya que encontraron que tenía serias deficiencias. Entre otras cosas, pudieron comprobar que había una diferencia entre las cámaras de inspección cloacal que habían anotado y las que efectivamente habían secuestrado y guardado. En efecto, en el papel figuraban 45 pero las guardadas ascendían en realidad a 86, con lo que se plantearon interrogantes sobre qué se pretendía hacer con las 41 que no estaban consignadas.

Por otro lado, constataron que el Municipio había retenido 25 biodigestores, depositados en un sitio no en las condiciones adecuadas, pero no pudieron saber que se había hecho con otros 49, cuyo destino era incierto hasta hace poco.