Tenso conflicto por un intento de desmantelar un loteo social en Oro

Un tenso conflicto social se abrió el lunes en la ciudad de Fernández Oro como consecuencia de la decisión del vecino Municipio de proceder al desalojo y a no dejar ni rastros de materiales e implementos para obras en un loteo social ubicado en zona rural. El loteo está a cargo de la Cooperativa de Trabajo Barrio Obrero de Cipolletti.

La tensión se desató temprano por la mañana, después de que llegaran al predio, que se ha destinado a la radicación de 250 familias, grandes camiones y otros vehículos de la Municipalidad orense, acompañados por un grupo numeroso de efectivos policiales. De inmediato, se dedicaron no solamente a cargar los rodados con cuanto hallaron.

Apenas vio lo que estaba pasando, el encargado de custodiar las tierras alertó de la situación a integrantes de la Cooperativa de Trabajo y a familias que habían empezado a acopiar y preparar materiales e implementos para construir. Al rato, empezaron a llegar los primeros convocados, quienes, asombrados, contemplaron lo que estaba ocurriendo.

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El loteo social de la Cooperativa de Trabajo del Barrio Obrero tuvo financiamiento del programa ARCA de la anterior Secretaría de Integración Socio Urbana, actual Subsecretaría. Permitió adquirir un predio de algunas hectáreas para la radicación de 250 familias.

Entre quienes se fueron acercando, se contó la dirigente social y referente del Barrio Obrero, Lilia Calderón, quien hizo lo que pudo para impedir la salida de algunos vehículos que todavía permanecían en el lugar. El personal municipal, de igual forma, habría alcanzado a llevarse materiales.

En un comunicado de la Cooperativa de Trabajo, los socios de la entidad dieron cuenta de su versión de lo ocurrido. Así, puntualizaron que el lunes por la mañana "nos informamos a través del sereno del barrio Aliwen sobre el accionar ilegal de las fuerzas policiales de la provincia de Río Negro y funcionarios públicos de la Municipalidad de Fernández Oro entrando con máquinas y camiones municipales para retirar todo los materiales dispuestos para la urbanización del barrio".

Fondos de Integración Socio Urbana

Explicaron que el barrio, es decir, el loteo, "nace de un proyecto aprobado y financiado por la actual Subsecretaría de Integración Socio Urbana del actual Ministerio de Economía de la Nación, y contiene a 250 familias que se encuentran construyendo autogestivamente su vivienda".

Enfatizaron que la Cooperativa "hace dos años cuenta con la titularidad de las hectáreas donde se está emplazando el barrio" y señalaron que ahora la comisión directiva de la entidad "junto a cientos de vecinos y vecinas estamos presentes" en el lugar. Allí, reconocieron que "a partir de este accionar ilegal" de los participantes del operativo de desmantelamiento y desalojo "se han llevado materiales sin realizar el inventario correspondiente y han dejado materiales rotos que ya no sirven" para las obras de urbanización.

Se trata, como se indicó, de "caños, bombas, biodigestores robados y rotos por este accionar ilegal. Ante esto hemos realizado la denuncia penal correspondiente".

Indicaron que hace más de dos años que han mantenido conversaciones, como Cooperativa, con la anterior gestión municipal de Mariano Lavín, actual interventor del IPPV, y con la presente del intendente Gustavo Amati, exconcejal, donde "han planteado el acompañamiento del proyecto de forma permanente".

En consecuencia, "llama muchísimo la atención este accionar del Municipio de Fernández Oro en contra de vecinos y vecinas de la localidad que estamos solamente queriendo construir nuestra vivienda de manera seria, honesta y organizada hasta ahora".

Concluyeron afirmando que mientras "no nos devuelvan lo que nos robaron del barrio y devuelvan los materiales que nos rompieron con este accionar ilegal los vecinos y vecinas permaneceremos pacíficamente" en el predio, "exigiendo una solución política al actual intendente".

Según pudo conocerse, el proyecto de loteo social se planteó hace alrededor de dos años y medio, cuando la actual Subsecretaría era la Secretaría de Integración Socio Urbana (Sisu) del gobierno anterior. Entonces, existía en esa dependencia el denominado Programa de Acción para el Repoblamiento Comunitario de Argentina (Arca), que impulsaba, articulaba y aportaba fondos para la radicación de familias en ámbitos rurales.

La Cooperativa de Trabajo había contado, al parecer, con el respaldo del exintendente Lavín, pero con la asunción de Amati, cambiaron las tornas por su oposición a la iniciativa. El actual jefe comunal no ha tenido buenas relaciones con la entidad y las familias beneficiarias y, por eso, habría dispuesto desmantelar lo que consideraría un asentamiento irregular.

El Municipio orense y una drástica decisión

Así las cosas, el Municipio orense dispuso el vaciamiento del predio, a raíz de lo cual se habrían alcanzado a retirar cuatro camiones con elementos y materiales para la construcción antes de que las familias impidieran la salida de más vehículos del predio. Esta determinación habría motivado, a su vez, la presentación de una denuncia judicial por parte de las autoridades orenses.

La dirigencia cooperativa cuenta con asesoramiento de abogados, que ya están actuando. Harán hincapié en la irrupción sin aviso ni permiso en tierras que son de propiedad privada y reclamarán la reposición integra de todo lo que fue retirado en camiones, lo que, además, deberá ser devuelto en perfectas condiciones, como estaba en el lugar. Además, se tendrá que reparar todo lo que se rompió en el predio.