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Un divorcio en Cipolletti terminó con un fallo millonario por desigualdad

El juzgado de Familia en Cipolletti hizo lugar a un reclamo por desigualdad económica luego de un matrimonio de 20 años. Ahora el ex deberá pagar una suma millonaria. ¿Qué pasó?

Un fallo reciente del fuero de Familia de Cipolletti puso el foco en una problemática cada vez más visible en los tribunales: las consecuencias económicas que deja la desigual distribución de tareas dentro de una pareja tras una separación. La Justicia resolvió otorgar una compensación económica de $20 millones a una mujer que, según se acreditó en el expediente, vio condicionada su vida laboral por el cuidado del hogar y de sus hijos.

La historia judicial tiene su origen mucho antes de la demanda. La pareja, ambos profesionales, se casó en 2003 y construyó un proyecto familiar en común que se extendió durante dos décadas. En ese tiempo, criaron a sus hijos y organizaron la vida cotidiana entre responsabilidades laborales y domésticas. Sin embargo, esa dinámica, que en su momento permitió sostener el funcionamiento familiar, fue luego analizada como un factor clave en el desequilibrio económico que se evidenció tras el divorcio, dictado en 2023.

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El caso evidenció el “desequilibrio manifiesto” entre la ex pareja.

El caso evidenció el “desequilibrio manifiesto” entre la ex pareja.

Una división de roles que marcó el rumbo

En su presentación, la mujer sostuvo que existió una división de roles “muy marcada”, en la que su desarrollo profesional quedó relegado frente a las tareas de cuidado. Detalló que asumió la mayor parte de la organización del hogar, la crianza y el acompañamiento de sus hijos, lo que impactó directamente en sus posibilidades de crecimiento laboral.

Además, planteó que la administración del dinero familiar estaba concentrada en su ex cónyuge, lo que, según argumentó, dificultó su autonomía económica tras la ruptura. A partir de esa situación, aseguró haber enfrentado obstáculos para reorganizar su vida, tanto desde el punto de vista financiero como habitacional.

La otra parte, en tanto, intentó frenar el proceso al plantear que el tema ya había sido abordado en una instancia de mediación previa. Sin embargo, el planteo no prosperó. El expediente avanzó, se realizó una audiencia preliminar sin acuerdo y se abrió la etapa probatoria.

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La mujer manifestó haber enfrentado complicaciones en su desarrollo profesional y económico tras el divorcio.

La mujer manifestó haber enfrentado complicaciones en su desarrollo profesional y económico tras el divorcio.

Pruebas, testimonios y reconstrucción de la vida familiar

Durante el proceso se incorporaron múltiples elementos que permitieron reconstruir la dinámica de la pareja. Informes bancarios, registros profesionales, documentación de instituciones de salud, estudios sociales y declaraciones testimoniales formaron parte del análisis.

Uno de los aspectos que cobró especial relevancia fue la atención de uno de los hijos durante una enfermedad grave. Según se acreditó, ese período implicó para la mujer una interrupción significativa de su actividad laboral, ya que debió dedicarse al acompañamiento de tratamientos médicos, incluso con estadías fuera de la provincia.

Si bien la otra parte reconoció ese contexto y señaló haber sostenido económicamente el hogar durante ese tiempo, el juzgado consideró que esa situación debía ser evaluada dentro del análisis global del caso. En ese sentido, se entendió que ese esfuerzo impactó directamente en la trayectoria laboral de la mujer.

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La magistrada resolvió hacer lugar al reclamo y fijó una compensación económica de $20 millones.

La magistrada resolvió hacer lugar al reclamo y fijó una compensación económica de $20 millones.

Dos realidades tras la separación

El contraste en las condiciones de vida luego del divorcio fue otro de los elementos determinantes. Un informe social incorporado al expediente describió dos escenarios claramente diferenciados.

Por un lado, se constató que una de las partes continuó residiendo en la vivienda que había sido el hogar conyugal, con amplias comodidades y equipamiento completo. Por el otro, se describió que la mujer pasó a vivir en un departamento alquilado, de menores dimensiones, con mobiliario en gran parte aportado por familiares y con limitaciones en su vida cotidiana.

Para la jueza, esta diferencia no fue un dato aislado, sino parte de un cuadro más amplio que evidenció el “desequilibrio manifiesto” exigido por el Código Civil y Comercial para este tipo de compensaciones.

Con todos esos elementos, la magistrada resolvió hacer lugar al reclamo y fijó una compensación económica de $20 millones, a pagar en una única cuota. Además, se estableció que el monto deberá actualizarse con intereses conforme a la doctrina vigente del Superior Tribunal de Justicia.

De todos modos, la resolución aún no está firme. Al tratarse de una sentencia de primera instancia, puede ser apelada por la parte demandada, por lo que el caso podría continuar su recorrido en instancias superiores.

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