Radares en Río Negro: el control que no perdona y puede generar multas de $300 mil

Con el calendario escolar a la vuelta de la esquina y el cierre progresivo de la temporada estival, cientos de familias rionegrinas y turistas comenzaron el regreso a sus hogares tras semanas de descanso. Las rutas nacionales y provinciales vuelven a mostrar un intenso movimiento, especialmente en los corredores que conectan la cordillera, el Alto Valle y la costa atlántica.

Sin embargo, para muchos, la vuelta no solo implica retomar la rutina, sino también enfrentarse a un gasto inesperado: multas de tránsito detectadas por radares que siguen plenamente activos.

Aunque todavía quedan días de verano y algunos eligen extender sus vacaciones, lo cierto es que el grueso del recambio turístico ya se produjo. En este contexto, el flujo vehicular se incrementa y con él también los controles de seguridad vial. Uno de los puntos que concentra la atención, y también las infracciones, es la localidad de Darwin, sobre la Ruta Nacional 22.

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Un radar activo en medio del regreso

El dispositivo ubicado en Darwin se transformó en uno de los más efectivos, y polémicos, de la provincia. Se encuentra emplazado entre los kilómetros 1007 y 1008 de la Ruta 22, en una zona urbana donde la velocidad máxima permitida es de 60 kilómetros por hora.

Se trata de un cinemómetro marca Stalker, modelo Lidar, que realiza un control constante sobre los vehículos que circulan por ese tramo. El equipo está bajo la órbita del municipio local, pero cuenta con la autorización y fiscalización de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

Por allí transitan diariamente miles de vehículos, especialmente durante los fines de semana y en momentos de recambio turístico. Muchos conductores, en medio del viaje de regreso, no advierten el cambio de velocidad permitido al ingresar a la zona urbana, lo que deriva en infracciones que llegan días después a través de notificaciones electrónicas.

Acta multa radar Darwin 2026

Multas que impactan en el bolsillo

Uno de los puntos que más preocupa a quienes reciben estas notificaciones es el monto de las multas. Según un acta a la que accedió LM Cipolletti, una infracción por exceso de velocidad puede alcanzar los $299.200.

No obstante, el sistema contempla la posibilidad de pago voluntario. En ese caso, el infractor dispone de cinco días hábiles desde la notificación para abonar el mínimo de la multa con una reducción del 50%. Así, el monto se reduce a $149.600, a lo que se suman gastos administrativos cercanos a los $13.000. En total, el pago final rondaría los $162.600.

Para muchas familias, este tipo de sanciones representa un golpe inesperado en la economía doméstica, especialmente en un contexto de regreso de vacaciones, donde ya se acumulan gastos vinculados al turismo, transporte y organización del ciclo escolar.

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Qué radares están habilitados en Río Negro

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial aclararon que actualmente solo un grupo reducido de radares está habilitado para funcionar en la provincia. El titular del organismo, Marcelino Di Gregorio, mencionó al respecto: “Solo funcionan los radares municipales autorizados. El resto todavía no funcionan”.

En ese sentido, los dispositivos que actualmente están operativos se encuentran en:

• El Bolsón
• San Carlos de Bariloche
• Dina Huapi
• Contralmirante Cordero
• Darwin
• General Conesa

Estos son, por ahora, los únicos puntos de fiscalización que cuentan con autorización bajo el protocolo vigente.

En contrapartida, los radares instalados en Cipolletti, Lamarque, Cinco Saltos, Sargento Vidal, Río Colorado, Sierra Grande y Villa Regina no están en funcionamiento, aunque confirman que ya se encuentran en la etapa de revisión y puesta a punto, a través de la empresa adjudicataria que administrará los dispositivos. No obstante, desde el organismo anticiparon que se evalúa una segunda etapa que incluiría la habilitación de nuevos dispositivos en localidades como Cinco Saltos, Cervantes y Viedma.

Además, remarcaron que, en caso de activarse nuevos radares, se informará previamente a la población. “Daremos un plazo de 20 o 30 días para no infraccionar, a modo de aviso”, indicaron.