Plan de ahorro incumplido: la Justicia ordena entregar una camioneta y pagar la indemnización millonaria

Un maestro mayor de obras de Bariloche vivió meses de frustración y pérdida económica por confiar en promesas incumplidas de un concesionario y de la financiera responsable de su plan de ahorro. La historia terminó en una sentencia millonaria: la Justicia Civil ordenó que le entreguen la camioneta prometida y que se le pague una indemnización de 13,5 millones de pesos por daños y perjuicios.

El conflicto comenzó cuando el hombre decidió vender su Ford Ranger, el vehículo que utilizaba como herramienta de trabajo, para cancelar anticipadamente un plan de ahorro de Volkswagen Saveiro y acceder a un modelo superior, tal como le había prometido el concesionario Automotores Fiorasi y Corradi S.A. y la financiera Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados.

Según la demanda, tras la cancelación del plan, comenzaron las dilaciones, pedidos de pagos adicionales y excusas cambiantes que impidieron la entrega del vehículo. Incluso cuando se le comunicó que un rodado estaba asignado, la operación nunca avanzó y la unidad finalmente dejó de estar disponible.

Reclamos administrativos y demanda civil

El damnificado realizó reclamos ante Defensa del Consumidor, obteniendo una resolución favorable que tampoco logró la entrega efectiva. Ante la persistencia del incumplimiento, promovió una demanda civil solicitando:

• La entrega del vehículo comprometido (o uno similar).

• Una indemnización por daño moral, privación de uso y daño punitivo.

El juez consideró probado que el plan estaba cancelado y la adjudicación efectuada, pero destacó que las empresas no cumplieron con su deber de información clara y detallada sobre montos, pasos para el cambio de modelo y condiciones finales de entrega.

Una indemnización millonaria por daños profesionales y emocionales

La sentencia determinó la entrega del vehículo prometido con las bonificaciones ofrecidas y el pago de $13,5 millones en concepto de daño moral, privación de uso y daño punitivo.

Para calcular el daño moral, el juez tuvo en cuenta la frustración prolongada, el impacto emocional certificado mediante pericia psicológica y la interferencia directa en la actividad profesional del hombre, quien quedó sin vehículo de trabajo durante meses.

El fallo de primera instancia aún no está firme, ya que las empresas pueden apelar. Sin embargo, marca un precedente importante sobre la protección de derechos del consumidor y el deber de las empresas de brindar información transparente y cumplir con lo prometido.