Licencias en el Estado: el robo hormiga que no escandaliza
El Gobierno reveló que, en septiembre, sobre 48.518 días pedidos por razones de salud o atención familiar, 25.796 eran irregulares. El impacto económico para el Estado.
El conflicto desatado por el control del ausentismo dentro del Estado de Río Negro tuvo esta semana un hito, cuando el Gobierno reveló que, en septiembre, sobre un total de 48.518 licencias pedidas por razones de salud o atención familiar, 25.796 presentaron irregularidades, “lo que se traduce en un 53% de solicitudes no aprobadas”.
Y esas cifras, llevadas a efectivo, equivalen a $ 1.762.749.839 de gasto evitado, “en comparación con los $ 3.177.744.201 que hubiera costado la aprobación total de los pedidos bajo el sistema anterior”. Los datos son contundentes. Pero no sólo por la cantidad de dinero no pagado, sino también porque ponen a la vista las diferentes varas con las que se mide y se tolera la corrupción que tiene como víctima al Estado.
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Algunos ejemplos concretos, para graficar mejor la situación:
La estafa al Ipross. Cinco años de investigación, decenas de notas y fotos en los medios de comunicación, un juicio de un año y un perjuicio para el Estado oficialmente estimado en $ 4.100 millones, al mes de abril de este año. Son los datos de una causa que tiene desde julio pasado a cuatro farmacéuticos de Roca condenados en primera instancia a penas de entre 6 y 9 años y medio de prisión.
La responsabilidad penal de esos profesionales todavía se discute, pero no hay dudas sobre el daño al Estado. Y a partir de esa certeza, una legítima reacción social de bronca, porque estamos hablando de millones y millones de pesos que no pudieron usarse para la salud de los afiliados a la obra social rionegrina.
Sin embargo, también es válido -y muy necesario- preguntarse cuál es el umbral de sensibilidad del estatal promedio, que se indignó mucho cuando un grupo de farmacéuticos provocó un fraude de esa dimensión, pero poco y nada dice sobre sus pares, que a diario provocan un hueco de mayor tamaño en las cuentas públicas a partir de los abusos en el régimen de licencias.
Con ese ritmo de $1.762.749.839 mensuales de gasto evitado, toda la estafa al Ipross -que se cometió a lo largo de casi siete años- representa apenas dos meses y medio de licencias irregulares.
Licencias médicas "medidas" en obras
¿Otro ejemplo concreto? Posicionemos la mirada en la Ruta 22, en el Alto Valle. Más de 14 años desde que se licitaron las obras para ampliar el tramo que va desde General Godoy hasta Cipolletti.
Según la información aportada por un alto directivo de una firma constructora regional, el costo del kilómetro de ruta puede variar entre 200.000 y un millón de dólares (oficiales). El extremo más bajo es una obra en la que sólo hay que colocar la nueva carpeta asfáltica y el más alto, un proyecto en zona cordillerana, que implica un movimiento de suelo y tareas de contención mucho más costosas.
En síntesis, 600.000 dólares el kilómetro puede ser un valor estimativo coherente para la Ruta 22 en el Alto Valle.
La cuenta muestra que, con los 1.762 millones de licencias que a juicio del Ejecutivo no correspondían, se podrían financiar más de dos kilómetros de ruta mensuales.
El tramo 5 de la 22, entre Fernández Oro y Cipolletti, tiene 9,7 km de extensión y quedó neutralizado cuando tenía ejecutado el 65,99% del proyecto. Los presupuestos no son lineales, porque lo pendiente no se limita sólo a la construcción de nueva autopista, pero queda claro que con lo gastado en licencias durante los últimos años se podría haber ampliado toda la Ruta 22 sin mayores esfuerzos.
Sin embargo, la vara aplicada nunca fue igual y recién este año, con las denuncias penales a médicos por el “festival de certificados truchos”, empezó a generarse cierta incomodidad entre los estatales por el control del ausentismo.
El desafío que viene es consolidar un sistema eficiente de auditorías, para evitar que los intereses políticos y gremiales contaminen el escenario.
Y para darle un mejor destino a esos millones de pesos, que durante los últimos años se esfumaron de manera lenta y silenciosa, con altas dosis de hipocresía entre los que debían trabajar y quienes debían ejercer los controles.
* Por Hugo Alonso
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