Conflicto familiar por una bóveda mortuoria terminó en la Justicia rionegrina

Un hombre mayor acusó por violencia psicológica a familiares de su pareja, con quien convivió los últimos 40 años, hasta su deceso. Los hechos fueron denunciados el último jueves 8 en la policía de Ingeniero Jacobacci, la localidad ubicada en la Línea Sur rionegrina, y originó la apertura de una causa encuadrada en lo que define la Ley 4241 (que modificó la 3040), que regula la “protección integral contra la violencia en el ámbito de las relaciones familiares”.

Al relatar su queja, el hombre -que percibe una jubilación- señaló que el conflicto se produjo por el acceso a una bóveda funeraria situada en el cementerio local, donde se encuentran los restos de familiares. Según aseveró en la presentación, una nieta de quien fuera su pareja, con la que no tuvo contacto en los últimos cuatro años, se presentó en el cementerio e ingresó al panteón donde descansa su padre y su abuela, sin su autorización.

Resaltó que es él quien figura en la documentación municipal como poseedor del espacio, y que en esa discusión recibió insultos y amenazas por parte de la mujer. La primera intervención fue de la Oficina de la Mujer, el Niño y la Familia local, donde se dictaron medidas de resguardo. El expediente luego fue girado al Juzgado de Paz, donde la víctima ratificó en una audiencia lo expresado en la denuncia y pidió protección.

Lo insultó, pero sin amenazas

La acusada también brindó su testimonio en la sede judicial. Reconoció haber insultado al hombre, pero aclaró que no lo amenazó. Además, resaltó que “creció viendo” al denunciante como su abuelo, y admitió que está “muy molesta por el reclamo”, sobre todo porque su papá falleció hace muy poco tiempo.

Adelantó también que en un plazo máximo de dos meses “como mucho”, procederán junto a su familia a retirar los restos de su padre y de su abuela materna de esa bóveda.

En el Juzgado de Paz jacobaccino determinaron que las actuaciones deben ser enviadas al Juzgado de Familia de Bariloche, donde le deberán dar continuidad a la causa y también para su evaluación a la Oficina de Tramitación Integral del Fuero Familia (OTIF)

Pero, además, al advertir la “existencia de un hecho de violencia”, consideraron que “amerita se tomen medidas urgentes, con el objeto de que no continúen o se produzcan otros hechos de violencia de igual característica o de mayor gravedad”.

Medidas que deberá cumplir la acusada

En primer lugar le ordenaron a la mujer que no podrá acercarse al hombre a no menos de 300 metros, tanto de su domicilio como de otros lugares donde se encuentre o transite, ya sean públicos o privados. La prohibición incluye “todo acto de violencia”, como “golpear, insultar, amenazar, producir incidentes, realizar actos molestos, de hostigamiento, de acoso o perturbadores”, sea de manera directa o indirecta, en forma personal o a través de terceras personas. Tampoco debe producir agresiones por ningún otro medio, como llamadas telefónicas, mensajes de texto o redes sociales.

La disposición judicial también estableció que tanto víctima como la denunciada debían presentarse en un plazo de 48 horas el área de salud mental del hospital local, para realizarse un “informe pormenorizado del caso y/o evaluación psicológica”.

El reporte debía determinar si el caso “se encuentra encuadrado acabadamente dentro de las disposiciones y marco legales de la ley específica y en su caso, alternativas de resolución del conflicto familiar, debiendo coordinar las mismas con los organismos disciplinarios que correspondan, con seguimientos periódicos e informes pertinentes a esta sede”.

Se aclaró que el plazo de vigencia de las medidas lo deberá definir el Juzgado de Familia que intervenga por sorteo. La resolución recalca también que lo ordenado es de cumplimiento obligatorio y que de en caso de constatar que se incumplieron con “clara intención de violar las prohibiciones”, será acusados por el delito de desobediencia a la autoridad, con intervención de la fiscalía penal.