Buscan crear en Río Negro un defensor de los jubilados que será elegido por los propios adultos mayores

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro propone crear una Defensoría de las Personas Mayores para atender reclamos, brindar asesoramiento legal gratuito y garantizar la protección de los derechos de los jubilados y pensionados.

La propuesta busca ofrecer una respuesta a las dificultades que enfrentan los adultos mayores cuando necesitan realizar denuncias, reclamar ante organismos públicos o resolver conflictos con instituciones privadas. El objetivo es centralizar estas gestiones en un organismo especializado.

El proyecto fue presentado por el legislador Luciano Delgado Sempé, del bloque Vamos con Todos, quien retomó una iniciativa que había ingresado al recinto durante 2024, identificada con el expediente 2/2024.

Según los fundamentos, la creación de esta figura responde a una problemática que afecta a miles de jubilados y pensionados, especialmente cuando deben enfrentar situaciones de maltrato, dificultades administrativas o vulneraciones de sus derechos sin contar con acompañamiento especializado.

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Por qué buscan crear una Defensoría de las Personas Mayores en Río Negro

Uno de los principales argumentos del proyecto es la situación de vulnerabilidad que atraviesan numerosas personas mayores cuando necesitan asistencia institucional. El legislador advierte que existen dificultades para acceder a respuestas concretas frente a situaciones de violencia o incumplimientos.

Delgado Sempé sostiene que los adultos mayores pueden sufrir maltrato dentro del ámbito familiar, pero también en organismos públicos y entidades privadas. En ese contexto, asegura que muchas veces “no son escuchados cuando tienen un reclamo”.

Actualmente, una persona jubilada que necesita presentar una denuncia puede encontrarse con diferentes organismos según el conflicto. Esta situación obliga a realizar trámites ante distintas dependencias, lo que puede generar demoras, gastos y dificultades para encontrar soluciones.

Por ejemplo, los reclamos contra instituciones públicas pueden tramitarse ante la Defensoría del Pueblo, mientras que los conflictos con bancos o empresas privadas corresponden a Defensa del Consumidor. En situaciones de estafas o violencia familiar también puede intervenir la Justicia.

Según el autor de la iniciativa, esta multiplicidad de organismos provoca que las personas mayores muchas veces no sepan dónde presentar sus reclamos. En los fundamentos advierte que esta situación puede derivar en un “estado de abandono total”.

Cómo se elegirá al defensor de los jubilados y cuánto durará su mandato

Una de las particularidades de la propuesta es el mecanismo previsto para designar al titular del organismo. A diferencia de otros cargos institucionales, el proyecto establece que será elegido mediante el voto directo de los integrantes de los Centros de Jubilados.

La iniciativa determina que el mandato tendrá una duración de cuatro años y establece requisitos específicos para acceder al cargo. Entre ellos, la persona deberá ser argentina, jubilada o pensionada y acreditar conocimientos especializados en derechos de las personas mayores.

También deberá demostrar idoneidad para desempeñar sus funciones y contar con formación vinculada a la protección de este sector de la población. El objetivo es garantizar que quien ocupe el puesto conozca las problemáticas que atraviesan jubilados y pensionados.

El texto establece incompatibilidades para preservar la independencia del organismo. Quien resulte elegido no podrá ejercer otra actividad pública ni desarrollar actividades políticas partidarias durante su mandato. Además, percibirá una remuneración equivalente a la de un legislador provincial.

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Asesoramiento legal y reclamos gratuitos para los adultos mayores

Entre las principales atribuciones de la futura Defensoría se encuentra la posibilidad de intervenir en conflictos individuales y colectivos. El organismo podría presentar acciones legales a pedido de las personas mayores y participar en instancias de mediación o conciliación.

La propuesta también contempla un sistema de atención destinado a facilitar el acceso de los jubilados. Los reclamos podrán presentarse personalmente o mediante un servicio telefónico gratuito y permanente, pensado para quienes tienen dificultades para trasladarse hasta las oficinas.

Otro aspecto relevante es la posibilidad de brindar representación jurídica mediante un asesor legal. Esta herramienta permitiría acompañar reclamos ante organismos nacionales y provinciales, evitando que los adultos mayores deban afrontar gastos particulares para defender sus derechos.

En los fundamentos, Delgado Sempé plantea que la representación legal busca “ahorrarle costos a los adultos mayores”, especialmente en aquellas situaciones donde necesitan iniciar gestiones administrativas o judiciales para obtener respuestas de las instituciones correspondientes.

El alcance del organismo comprendería a todas las personas de más de 60 años, según la definición incorporada en el proyecto. De esta manera, la asistencia no estaría limitada exclusivamente a quienes perciben una jubilación o pensión.

Dónde funcionaría la Defensoría y cómo llegaría a toda la provincia

El proyecto establece que la sede principal de la Defensoría de las Personas Mayores estará ubicada en la Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro, cuya cabecera es General Roca, aunque contempla mecanismos para extender su funcionamiento al resto del territorio provincial.

Para garantizar una cobertura territorial más amplia, la iniciativa prevé la designación de dos defensores adjuntos y un delegado por cada circunscripción judicial. Esta estructura permitiría recibir consultas y acompañar gestiones de personas mayores residentes en distintas localidades.

Además, el organismo deberá presentar un informe anual ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura, donde expondrá las actuaciones realizadas, los reclamos recibidos y las intervenciones desarrolladas durante el período correspondiente.

En cuanto al financiamiento, la propuesta establece que el Poder Legislativo de Río Negro deberá destinar las partidas presupuestarias necesarias para garantizar el funcionamiento de la institución y sostener su estructura de atención en toda la provincia.

Por el momento, se trata de una iniciativa legislativa que deberá atravesar el tratamiento parlamentario correspondiente. Su eventual aprobación permitiría crear un organismo especializado en la defensa de los derechos de las personas mayores, con representación elegida por los propios jubilados.