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Investigarán cómplices económicos de la dictadura en Río Negro

Ayer se reunió la comisión especial que es encabezada por el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti.

Encabezada por el vicegobernador Pedro Pesatti, se reunió ayer la comisión Especial Investigadora por la Memoria, Verdad y Justicia. El Cuerpo busca investigar, estudiar, desentrañar y esclarecer la actuación de los actores económicos que promovieron o facilitaron los delitos de sangre en Río Negro, y apoyaron la ejecución del plan criminal de la última dictadura a cambio de beneficios del gobierno.

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Esta comisión se constituye como la primera de su tipo en el país, con escasos antecedentes internacionales, y surgió de un proyecto del propio Pesatti, convertido en ley 4956 por el parlamento rionegrino, promulgada en mayo del 2014.

El vicegobernador agradeció a los legisladores que participan de la comisión y les garantizó que "contarán con todo el apoyo y la estructura de la Legislatura para avanzar en los objetivos y en la finalidad que tiene la comisión".

Pesatti comentó que solicitó la asistencia técnica oficial del relator de Naciones Unidas "Experto Independiente de Deuda Externa y Derechos Humanos", Juan Pablo Bohoslavsky, quien habría mostrado su predisposición para colaborar ad-honorem con la comisión.

El órgano quedó conformado con la legisladora Roxana Fernandez (JSRN) como presidente, Susana Diéguez (FpV) como vicepresidente y la legisladora Sandra Recalt (JSRN) como secretaria del Cuerpo.

Por su parte, Fernández subrayó la importancia de establecer un reglamento de funcionamiento para que a pesar de la transición de autoridades, se respete la metodología cuando la comisión vuelva a constituirse con nuevos legisladores.

Diéguez expresó que se necesitará una gran estructura y presupuesto, además de contar con un reglamento de funcionamiento para comenzar con el trabajo. Detalló que será relevante contactarse con personas de empresas que fueron cesanteados por cuestiones económicas y por un "modelo económico que había que presentar y silenciar".

Entre sus facultades, el Cuerpo podrá solicitar el acceso a la documentación y expedientes administrativos o judiciales, requerir informes a organismos públicos o privados, pedir la declaración de personas y solicitar el nombramiento de asesores, investigadores o expertos, así como toda otra atribución que necesite para cumplir con sus objetivos.

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