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Exigen datos sobre el riesgo ambiental por el fracking

El legislador Ocampos reclamó informes sobre el yacimiento de Allen.

El crecimiento de la extracción de gas y petróleo en Allen sigue generando polémica y dudas en torno a su impacto a las chacras que rodean los yacimientos y los barrios cercanos. El legislador provincial por la Coalición Cívica ARI, Jorge Ocampos, y la senadora nacional Magdalena Odarda se sumaron al reclamo de los vecinos con un pedido de informes a la Secretaría de Ambiente de la provincia. Quieren información concreta sobre los peligros de la industria en esa zona, en la que conviven chacras en producción con asentamientos poblacionales.

A diferencia de casi todos los pozos de la región, la empresa YSUR convive con barrios y la actividad frutícola.

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La presentación fue realizada ante la titular de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dina Migani, exigiendo detalles sobre los peligros de llevar a cabo la explotación de gas y petróleo con el fracking (fractura hidráulica) en terrenos lindantes con chacras en producción. Entre los pedidos requirieron que se remitan copia certificada de las Declaraciones Juradas de Impacto Ambiental, Estudios de Impacto Ambiental, Dictamen Técnico Ambiental y Resolución Ambiental de todos los pozos de exploración o explotación de hidrocarburos no convencionales que se encuentran en la Estación Fernández Oro, ubicada en el ejido allense.

"Los informes, en caso de existir, están ocultos. Los ciudadanos de Allen no tienen acceso a la información y son los principales afectados". Jorge Ocampos. Legislador provincial por la Coalición Cívica-ARI


Según explicó Ocampos, anteriormente ya se habían realizado pedidos de informes similares ante esta cartera provincial pero las respuestas ofrecidas no despejaron las dudas. "En Allen la preocupación se ha incrementado ya que la explotación de pozos no convencionales invadió sectores poblados y rurales, y esta actividad es altamente peligrosa", cuestionó. Agregó que el fracking es peligroso, ya que se fractura la roca subterránea con líquidos enriquecidos con químicos, se utilizan pastillas radiactivas. Y, según explicó, el solo hecho de que las torres estén iluminadas las 24 horas incita a que por las noches el insecto de la carpocapsa se instale en los frutales y luego esa producción no se puede vender en ninguna parte del mundo afectando directamente la comercialización.

A todo esto hay que sumarle los accidentes que ya se produjeron como la explosión de un pozo y el derrame de hidrocarburos que afectó a una laguna. "No es coincidencia que esa actividad se haya prohibido en todo el territorio francés, o que en Estados Unidos cada estado tenga la capacidad de tener su propia regulación", explicó Ocampos.

También cuestionó que, si bien desde la empresa YSUR (adquirida por YPF) afirmaron que fueron presentados todos los informes de impacto ambiental en tiempo y forma y que no se ha demostrado una afectación a la actividad primaria (fruticultura), esos informes no los conoce nadie porque no son públicos. "Los informes, en caso de existir, están ocultos. Los ciudadanos de Allen no tienen acceso a la información y son los principales afectados", expresó.

Según indicaron el pedido busca transparentar la información concreta sobre los riesgos que enfrenta la población al convivir con las máquinas que extraen de gas y petróleo.

La empresa niega riesgos en la zona

Carlos Grassia, gerente regional de YPF, aseguró a LM Cipolletti que no hay riesgo ambiental en Allen. "Estamos cumpliendo con todas las normas y estándares mundiales, incluso superiores a los planteados en áreas naturales protegidas, porque queremos que la EFO sea un ejemplo de control y protección", manifestó. Y añadió que la empresa está abierta para explicar que "hacemos todo lo posible para que no haya problemas, incluso tenemos un programa de vinculación con la comunidad".

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