Ex intendente es juzgado por apropiarse de un lote

El ex intendente de Fernández Oro, Juan Reggioni, y otros tres imputados se sentaron ayer en el banquillo de los acusados por un caso de negociación incompatible con la función pública y defraudación.

El fiscal del caso, Guilermo Merlo, en los alegatos de apertura sostuvo que los imputados habrían utilizado un conjunto de documentos para que finalmente un terreno ubicado en un loteo social y destinado a personas en estado de vulnerabilidad social pasara a ser administrado por el hijo del ex intendente.

La maniobra consistió en la firma de un documento en octubre de 2010 que otorgaba un poder especial e irrevocable por parte de la adjudicataria del lote, y víctima en el caso, en favor de una mujer. Tiempo después, ella transfirió el poder al hijo del ex intendente. Ambos se encuentran acusados en este proceso.

En su explicación sobre la investigación, la fiscal adjunta, Vanina Bravo, relató que en el 2015 el intendente Reggioni y su hijo -como apoderado de la víctima- suscribieron la escritura del terreno en escritura pública, siendo imposible que desconocieran el vínculo familiar que existía entre ambos. Tras lo anterior, en el lote se construyó una vivienda unifamiliar, que fue alquilada -según la teoría del caso de la fiscalía- mediante un contrato suscripto entre las esposa del ex mandatario orense y un hombre que ayer prestó declaración como testigo en el inicio del juicio. En base a esta operación en particular, la imputada fue acusada por el delito de estelionato -un tipo de fraude-.

La fiscalía encuadró la conducta delictiva en el delito de negociación incompatible con la función pública, previsto en el artículo 265 del Código Penal. Este sanciona a los funcionarios públicos que “directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.

Merlo diferenció tres tipos de pruebas que se producirán durante el debate: las declaraciones de los testigos, las pruebas “confesionales” en las que los acusados reconocían partes de la maniobra, y los documentos en los que constan las operaciones que tendieron a que el terreno pasara a formar parte del patrimonio de el ex jefe comunal o un allegado directo. “La prueba va a hablar por sí misma”, aseveró el fiscal.