Proponen bloquear los celulares en las cárceles de Río Negro: el llamativo sistema para controlar llamadas

Un nuevo proyecto de ley ingresó a la Legislatura de Río Negro para reducir el uso de celulares en las personas que están privadas de su libertad y alojadas en el sistema penal provincial. La iniciativa plantea restringir el uso de celulares, internet y redes sociales dentro de las cárceles. La reducción del uso de dispositivos tecnológicos busca impedir que sean utilizados con fines delictivos.

El proyecto tiene como objetivo impedir que las personas detenidas continúen organizando delitos desde los establecimientos penitenciarios a través de los herramientas tecnológicas. La iniciativa se basa en el aumento de las estafas telefónicas, “cuentos del tío” y robos de datos de cuentas bancarias, organizadas en el interior de las cárceles de Río Negro.

La propuesta fue presentada por el bloque Pro Unión Republicana y todavía no comenzó a debatirse en comisiones. El texto plantea la incorporación del concepto “privación de libertad digital” al Código Procesal Penal, para que implique no solo el encierro físico, sino también la limitación del acceso a dispositivos tecnológicos.

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Durante las requisas se secuestran celulares y chips telefónicos.

Los alarmantes antecedentes en las cárceles rionegrinas

Entre los fundamentos, el proyecto indica que actualmente muchas organizaciones criminales continúan operando desde las unidades penitenciarias mediante celulares e internet, a través de estafas telefónicas, extorsiones, amenazas y otras maniobras delictivas.

La iniciativa también se basa en los antecedentes recientes registrados en Río Negro relacionados con internos acusados de liderar estafas desde la prisión y los recientes secuestros durante requisas de celulares y chips dentro de los establecimientos penitenciarios.

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El proyecto propone un sistema de comunicación controlado con telefonía fija.

La propuesta aclara que las comunicaciones con familiares, abogados y autoridades judiciales seguirán garantizadas, aunque deberán efectuarse mediante sistemas supervisados y controlados por el Servicio Penitenciario provincial.

Celulares y chips telefónicos: los elementos secuestrados en las requisas

La presentación del proyecto refleja la complejidad del control de los reclusos, pese al contexto de encierro y las restricciones sobre el acceso a dispositivos tecnológicos, ya que numerosas requisas detectaron que algunos internos continúan organizando estafas, amenazas y otras maniobras delictivas desde el interior de las cárceles.

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La iniciativa apunta a restringir el uso de celulares e internet en los internos de los penales provinciales.

Gobierno Río Negro

El proyecto comenzará ahora su recorrido legislativo en las distintas comisiones antes de llegar al recinto para su tratamiento. Durante el debate, se analizarán los alcances de la reforma y el posible impacto en las unidades penitenciarias.

Esta iniciativa se suma a la presentada por el legislador César Domínguez, del bloque Primero Río Negro que propone prohibir expresamente el ingreso, tenencia y utilización de teléfonos móviles, tablets y el acceso a internet por parte de personas privadas de la libertad en todos los penales rionegrinos.

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Penal de Viedma.

Un sistema de control alternativo mediante teléfono fijo

La propuesta tiene como eje central desarticular la organización de delitos desde las celdas, implementando en su lugar un sistema estricto de comunicaciones institucionales controladas exclusivamente a través de telefonía fija.

Según los fundamentos, la flexibilización aplicada durante la pandemia ya no tendría sustento jurídico ni operativo. Además, el auto del proyecto remarcó: “no es un derecho vulnerado, constituye un arma que se usa para extorsionar, para estafar, para amenazar y hasta organizar secuestros”.

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Para asegurar la eficacia de la norma, el Ministerio de Seguridad y Justicia deberá encargarse del bloqueo e inhibición de toda señal de telefonía móvil dentro de los perímetros carcelarios. El nuevo esquema establecerá que las comunicaciones de los internos estarán restringidas a horarios específicos, durarán un máximo de cinco minutos y estarán mediadas por una operadora.

Como principal medida de prevención para quien recibe la llamada, el proyecto exige que se deba informar obligatoriamente al receptor que la comunicación proviene de una institución carcelaria, brindando además los datos del interno y un número gratuito para efectuar denuncias ante posibles delitos.