Reavivan un proyecto para bloquear celulares en cárceles de Río Negro
Tras la medida nacional, en Río Negro piden bloquear celulares en cárceles. “Es incomprensible que no se tomen medidas”, advirtió el legislador Juan Martín, impulsor de una medida similar en 2025.
Al igual que sucederá en las penitenciarías federales, buscan bloquear el uso de celulares en las cárceles de Río Negro.
El debate sobre el uso de celulares en las cárceles volvió a instalarse en Río Negro, luego de que el Gobierno nacional avanzara con la autorización para implementar sistemas de bloqueo de telefonía en unidades penitenciarias federales.
En ese contexto, desde el bloque del PRO en la Legislatura provincial reclamaron que se adopte una medida similar en los penales rionegrinos para evitar que se cometan delitos desde el interior de los establecimientos.
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La iniciativa resurgió tras la Resolución 336/2026 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que habilitó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a instalar dispositivos de detección y bloqueo de señales IMEI/IMSI, con el objetivo de impedir el uso de teléfonos móviles dentro de las cárceles.
La medida apunta a cortar uno de los principales canales utilizados por organizaciones criminales para coordinar maniobras ilícitas desde el encierro.
En Río Negro, el presidente del bloque PRO, Juan Martín, retomó un proyecto presentado a comienzos de 2025 que buscaba avanzar en la misma dirección. “Hace ya un año presentamos una iniciativa para que los presos no puedan seguir delinquiendo desde adentro de los penales con los celulares que ingresan ilegalmente”, recordó el legislador.
El dirigente sostuvo que el problema no es nuevo y que, desde hace tiempo, se detectan delitos organizados desde las cárceles, como secuestros virtuales, estafas, extorsiones y hasta coordinación de bandas delictivas. “Es incomprensible que el oficialismo no haya querido tomar medidas al respecto cortando de raíz la posibilidad de que los presos usen celulares”, afirmó.
Un proyecto que no avanzó
Según explicó Martín en diálogo con LM Cipolletti, el proyecto impulsado en 2025 no tuvo tratamiento legislativo. “No hubo tratamiento, como todo lo que no es de Juntos Somos Río Negro ”, cuestionó.
La iniciativa proponía la instalación de inhibidores de señal en todos los establecimientos del sistema penitenciario provincial, con capacidad suficiente para bloquear no solo telefonía móvil, sino también conexiones inalámbricas como WiFi o Bluetooth.
Además, contemplaba la prohibición de acceso a celulares para detenidos en comisarías y la implementación de teléfonos públicos controlados dentro de las cárceles, garantizando el derecho a la comunicación pero bajo supervisión estatal.
Entre los fundamentos del proyecto, se señalaba que gran parte de los delitos actuales (especialmente las estafas virtuales) se concretan mediante comunicaciones telefónicas o digitales, muchas de ellas originadas desde zonas cercanas a establecimientos penitenciarios.
También se advertía que, pese a que la Ley 24.660 prohíbe expresamente el uso de celulares en cárceles, en la práctica esa restricción “ha quedado en letra muerta”, dado que en las requisas se detecta de manera recurrente la presencia de estos dispositivos en poder de los internos.
La decisión nacional y su impacto
La resolución del Ministerio de Seguridad, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva, establece no solo la instalación de tecnología para bloquear señales, sino también la elaboración de un protocolo específico para su implementación. El objetivo es reforzar el control intramuros y evitar que los detenidos continúen operando fuera de los penales.
Uno de los puntos clave de la normativa es que se deberán realizar ajustes técnicos para evitar que el bloqueo afecte a las zonas aledañas a las cárceles, una preocupación habitual en experiencias similares.
Desde el PRO consideran que esta decisión “allana el camino” para que las provincias adopten medidas equivalentes. “Ahora, con la decisión nacional tomada, basta con que la provincia adhiera a la resolución”, planteó Martín.
Seguridad y derechos
El legislador también remarcó que la propuesta no implica restringir el derecho a la comunicación de las personas detenidas, ya que este se encuentra garantizado por ley. Sin embargo, aclaró que ese derecho debe ejercerse mediante canales formales y supervisados, y no a través de dispositivos clandestinos.
En esa línea, el proyecto prevé el uso de teléfonos fijos dentro de los establecimientos, con registro de llamadas y control institucional, para evitar la comisión de delitos sin afectar las garantías básicas de los internos.
El planteo se inscribe en un contexto donde la inseguridad y las estafas virtuales figuran entre las principales preocupaciones sociales, y donde distintos sectores reclaman medidas más efectivas para prevenir delitos que, según advierten, muchas veces se gestan desde el interior de las cárceles.
Por ahora, el debate vuelve a la agenda legislativa con el impulso de la medida nacional. La decisión final quedará en manos del Gobierno provincial y de la Legislatura, que deberán definir si avanzan con una política similar para el sistema penitenciario rionegrino.
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