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El Gobierno impulsa una reforma penal con eje en el ADN y la reiterancia delictiva

Río Negro propone registro de ADN y uso de “reiterancia delictiva” para que la Justicia contemple una prisión preventiva. "La percepción de impunidad ha generado una alteración de la paz social", señalaron.

El Poder Ejecutivo de Río Negro envió a la Legislatura un proyecto de ley que busca reforzar la política criminal en la provincia. La iniciativa propone la creación de un Registro Provincial de Huellas Genéticas y la incorporación del concepto de “reiterancia delictiva” como nuevo criterio para evaluar la prisión preventiva en base a una reforma del Código Procesal Penal.

El proyecto apunta a dotar al sistema judicial de herramientas más eficaces para la identificación de autores de delitos y la prevención del crimen, en un contexto de creciente preocupación social por los niveles de inseguridad. “La percepción de impunidad ha generado una alteración de la paz social”, señala el texto enviado a los legisladores, donde también se cuestiona el impacto de leyes que reducen penas o benefician a personas reincidentes.

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Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación de una base de datos genética que permitirá almacenar perfiles de ADN vinculados a investigaciones penales. El Registro Provincial de Huellas Genéticas estaría destinado a facilitar la identificación de autores de delitos, pero también tendría otras funciones: colaborar en la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas y permitir la identificación de personas fallecidas.

El ADN, según se detalla en el proyecto, será utilizado como una herramienta de identificación equiparable a las huellas dactilares, actualmente registradas por el RENAPER. Además, el sistema prevé incluir perfiles genéticos de personal que interviene en procedimientos, con el fin de evitar la contaminación de pruebas y descartar rastros ajenos a la escena del crimen.

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El proyecto plantea incorporar

El proyecto plantea incorporar "reiterancia delictiva” como nuevo elemento a considerar al momento de resolver una prisión preventiva.

Reiterancia delictiva para la prisión preventiva

Por otra parte, la iniciativa introduce un cambio en el Código Procesal Penal de la provincia: la incorporación del concepto de “reiterancia delictiva” como nuevo elemento a considerar al momento de resolver una prisión preventiva o una exención de prisión. El término hace referencia a personas que enfrenten más de una causa penal activa o que tengan antecedentes recientes de delitos cometidos en flagrancia. En esos casos, los jueces podrían valorar este factor como un indicio de mayor peligrosidad procesal.

En línea con esta propuesta, se plantea también la modificación de los artículos 100 y 109 del Código Procesal Penal, ampliando los escenarios en los que se puede restringir la libertad ambulatoria del imputado.

En vigencia, el artículo 100, referido a la situación de libertad, establece que toda persona investigada deberá permanecer libre durante el proceso, salvo que existan razones fundadas para presumir peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Permite imponer medidas como fijación de domicilio, presentación periódica ante la autoridad, prohibición de contacto con determinadas personas o sitios, y uso de dispositivos de control. En casos de violencia intrafamiliar, también se contempla la exclusión del imputado del hogar.

Mientras que, el artículo 109, detalla los criterios para dictar prisión preventiva cuando otras medidas cautelares resulten insuficientes. El juez deberá evaluar la probabilidad de participación del imputado en el hecho, el tipo de delito y el riesgo procesal. Se consideran factores como el arraigo, antecedentes de rebeldía, ocultamiento de identidad o la posibilidad de influenciar testigos, destruir pruebas o entorpecer la investigación.

Desde el Ejecutivo provincial afirman que estas medidas buscan “recuperar la confianza ciudadana en las instituciones” y responder a una demanda creciente de mayor firmeza frente al delito. Aunque el proyecto aún deberá ser debatido en la Legislatura, se espera que genere discusiones tanto en el ámbito jurídico como en el político, especialmente en lo que respecta al equilibrio entre garantías individuales y la necesidad de seguridad pública.

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