Provincia irá contra los padres de chicos que hagan denuncias de bombas

Tras confirmar un modus operandi de amenazas falsas de bombas en escuelas públicas y privadas, focalizado en Bariloche y Roca, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Río Negro identificó a una decena de menores no punibles como autores de llamadas. Sin embargo, la edad de los responsables no evitará acciones judiciales por parte del gobierno provincial.

El Ejecutivo anunció ayer que iniciará acciones civiles contra los representantes legales de los menores involucrados.

Alrededor de una decena de denunciantes falsos de bombas en establecimientos educativos ya fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal, entre quienes solo uno tendría edad para ser imputado. Para el resto, la demanda recaerá sobre los padres, madres y tutores legales de los menores, tal como ya se implementó en el caso del incendio intencional que arrasó con la ESRN 9 y el CEM 86 de Roca, hoy completamente reconstruido.

La "intención del Gobierno es iniciar las acciones civiles correspondientes contra los representantes legales de los menores, a fin de reclamarles la totalidad de los daños ocasionados ante las reiteradas amenazas falsas de bombas en escuelas. En todo este tiempo, se ha producido un grave daño a la comunidad educativa y un gasto enorme en operativos al Poder Ejecutivo", se informó ayer a través de un comunicado oficial.

La broma de los menores puede resultarles muy cara a sus padres. El Gobierno intentará que recuperar el costo de los operativos de emergencia disparados por las llamadas y cuenta con una ley provincial que fija multas onerosas para los infractores. El último operativo en Bariloche ante un llamado al 911 por amenaza de bomba tuvo un costo de $50.000, según datos del área de Seguridad Ciudadana, del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Por su parte, el Ministerio de Educación seguirá trabajando junto al (MPF) para avanzar en la investigación de cada amenaza en colegios.