Nuevo round judicial entre Unter y Educación

El Ministerio de Educación y la Unter cruzan chicanas y acusaciones por el conflicto de los cupos en jardines de infantes de la ciudad, que no parece tener solución sin que medie un fallo judicial. Casi al mismo tiempo, el juez que resolvió el amparo original a favor de los padres, las supervisoras y el gremio recibió un escrito de cada parte: la Unter denunció que el fallo no se cumplió y el Gobierno aseguró que sí lo hizo.

El juez Marcelo Gutiérrez había ordenado ubicar a 99 niños de cuatro años en jardines de infantes de la ciudad y el sindicato aseguró en una nueva denuncia el “incumplimiento de la sentencia judicial, ya que han transcurrido los cinco días que ordenó para que se garantice el derecho a la educación de acuerdo a los procedimientos y la normativa vigente” sin que todos los niños tengan asegurada su vacante.

“Una vez más, el Ministerio de Educación le miente a la comunidad afirmando que lleva adelante acciones para dar cumplimiento al fallo judicial, ya que sólo realiza actos administrativos por fuera de la normativa vigente para que sean impugnados, pasen los días y no garantizar el derecho a la educación”, denunciaron desde la Unter Cipolletti.

La conducción cipoleña del gremio docente hizo “un llamado al propio gobernador (Alberto Weretilneck) para que procure que cesen los actos de persecución y las políticas golpistas y que permita que se retomen los canales institucionales y democráticos”.

Educación, por su parte, le aseguró al juez que 15 de los niños empezaron las clases y le advirtió que en 25 casos los amparistas brindan datos falsos o inexistentes. De los alumnos que restan ubicar, no brindaron detalles.

Para suplir la falta de cupos, el Gobierno intentó crear una sala anexa al Jardín 2, pero Unter trabó la asamblea de cargos. Ante la denuncia, los maestros afirmaron que esa solución violaba el estatuto y la sentencia “porque se debía garantizar la educación dentro de las leyes vigentes”, afirmaron.

Nivel inicial

Dos despidos agrandaron la grieta

La pelea judicial comenzó por los niños que no tenían vacantes con el año escolar entrando en su recta final, pero tendría una ramificación: las supervisoras desplazadas de sus cargos. El Gobierno justificó las sanciones al responsabilizar a las funcionarias por la situación de los chicos. La Unter Cipolletti, a través de su titular, Pablo Krahulec, aseguró que la medida fue “ilegal” y reclamó que las personas sancionadas sean autoridades del Consejo Provincial de Educación, por perpetrar “un golpe pedagógico” en Nivel Inicial.