Negociarán la venta de las tierras de La Cascada

La Fiscalía fue al lugar con el dueño, quien cree inviable el desalojo.

Decenas de policías y funcionarios judiciales comprobaron ayer el avance de una toma que copó el 80 por ciento de las 17 hectáreas de una chacra que alguna vez estuvieron en producción, en el paraje Lalor. Se llama La Cascada, y la propiedad no es de Doña María –María Alejandra Espinoza- y su pareja, ni de ninguna de las familias que la ocupan. El legítimo dueño de esas tierras –Guillermo Scaglia- no se encontraba en esta ciudad, pero desembarcó en las últimas horas para acreditar su posesión ante la Fiscalía.

En algún momento, el hombre supo explotar la chacra, pero le fue mal y dejó a un encargado. Pasó el tiempo, fue llegando gente nueva al predio, y en los últimos dos meses, se produjo una invasión de familias que desmontaron los frutales y ganaron más terreno.

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Ayer, el propietario pudo comprobar con sus propios ojos que sus 17 hectáreas estaban tomadas casi por completo, y se dio cuenta, también, que iba a ser una misión casi imposible sacar a todas las familias que emprendieron la construcción de viviendas precarias, y que ya disponen de postes de luz y una red que abastece de agua.

300 familias viven en el nuevo asentamiento. Ya ocuparon el 80% de una chacra de 17 hectáreas. El propietario recorrió el lugar y desistió de intentar un desalojo. Se sentará a negociar en una mesa de mediación.

El gran despliegue policial que se llevó a cabo, del que participaron el comisario Daniel Uribe y el subcomisario Yañez, junto al grupo especial COER, y el fiscal Gustavo Herrera, solo tuvo el objetivo de ver en qué situación se encontraba la toma. Scaglia no quiere el desalojo, sino acordar la venta de la chacra con las familias del asentamiento.

En medio del procedimiento, quedó claro que nadie, salvo el legítimo propietario, puede vender las tierras de La Cascada, y acordaron iniciar una mesa de diálogo en la Fiscalía con los representantes de la toma –que serán elegidos en una asamblea-, el dueño y su representante legal. Según informó Herrera, las más de 30 familias que entrevistaron dijeron que están dispuestas a negociar y comprar las tierras que ocupan.

El Municipio encarará un censo para identificar a los ocupantes y determinar con precisión cuántas familias viven en la actualidad, ya que se creen que son 300.

“El interés de la Fiscalía es resolver el conflicto primario y también otro que no se puede ver, y es que si no se interactúa rápidamente, al final del camino una toma se convierte en gueto, donde nadie ingresa y no se sabe quiénes son los que viven allí. Eso termina siendo un caldo de cultivo para conflictos más graves, crímenes que nos resultan muy difíciles de esclarecer porque no hay presencia del Estado. Por eso, es importante identificar a las personas”, expresó Herrera.

“El interés de la Fiscalía es resolver el conflicto primario y también otro que no se puede ver, y es que si no se interactúa, al final del camino una toma se convierte en gueto”, dijo Gustavo Herrera, fiscal de la Cuarta Circunscripción.

Chacra ocupada

Un caso muy distinto al de Oro

El operativo montado ayer fue una inspección ocular en el terreno que los vecinos confundieron, en principio, con un desalojo. Cuando ese temor quedó descartado, la tensión amainó un poco. Es que, a diferencia de lo que puede ocurrir con otros asentamientos, el dueño de las tierras quiere resolver el conflicto negociando una venta con los ocupantes. “La idea del desalojo está descartada. El titular entiende que la mejor salida al conflicto es negociar con los ocupantes”, afirmó el fiscal Herrera. Es una situación muy diferente a la del asentamiento de Fernández Oro, donde la chacra pertenece a una empresa que ya mensuró, loteó y vendió los terrenos a 320 familias, que no son las que ocuparon la propiedad. Por eso, allí sí se reclama el desalojo.

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