Los abogados del Municipio quieren denunciar a Baratti

Que sí, que no... La novela por la investigación interna contra el ex intendente Abel Baratti está a punto de terminar y tendrá final cantado. La dirección de Legales aconsejará al Ejecutivo local que presente una denuncia penal contra el ex jefe comunal y otros funcionarios por malversación de fondos públicos, incumplimiento de sus deberes y defraudación al Estado. Sus últimos descubrimientos complican directamente al profe.

Fuentes confiables indicaron que hay elementos de prueba suficientes para impulsar una acción judicial y todavía queda mucha tela por cortar del legado que dejó la anterior administración.

Malversación de fondos, incumplimientos de funcionario público y defraudación del Estado, algunas de las sospechas de los abogados de la comuna.

El dictamen que presentará el área de Legales, la semana próxima, no será concluyente, pues la última palabra la tiene el intendente Aníbal Tortoriello. Si no cambia de idea, el mandatario recurrirá a la Justicia, ya que en su momento aseguró que esperaba el consejo de los especialistas.

Contadores y asesores legales de la comuna trabajan hace tiempo para poner en orden las cuentas del Municipio y revisar para atrás las irregularidades que le atribuyen a la administración de Baratti.

Entre la maraña de documentación que analizan, hay una factura que hizo mucho ruido y complicaría directamente al ex intendente. Por razones que se desconocen, se indicó que la Municipalidad gestionó un pago a un tercero -el Policlínico Modelo- por un monto de dinero que ronda los 47 mil pesos.

Baratti en persona inició el expediente y según las fuentes consultadas, nunca debió hacerlo, porque no corresponde, y por esa irregularidad incumple en sus deberes de funcionario público.

También habría faltado a sus deberes por el déficit de más de 43 millones de pesos, que representó el 10 por ciento del presupuesto; y otras anomalías detectadas contemplan el desvío $11.000.000 recibidos para repavimentar el barrio San Pablo, que se licuaron en gastos generales.

La excepción como regla
A la luz de las averiguaciones que realizó la comuna, hay un nivel de responsabilidad política, administrativa y penal. Se advirtió que distinta hubiese sido la situación si los contadores y asesores legales que investigan la gestión de Baratti observaran que los errores son aislados.

El problema es que fueron llamativamente reiterados; y las sospechas se acrecientan a medida que se procesa la información. Como ejemplo, los sabuesos de Tortoriello apuntan a las contrataciones directas. Lejos de ser un mecanismo para casos excepcionales, la comuna recurría una y otra vez a comerciantes y prestadores de servicios puntuales a través del sistema que permite evitar licitaciones y concursos de precios públicos.

El contralor Horacio Schlichter, ya había presentado un informe que detectó que se gastaron 16 millones de pesos sin contar con el dinero ni el crédito para hacerlo. Esas erogaciones, ejecutadas al 31 de diciembre de 2015, tampoco fueron declaradas en los registros contables y presupuestarios.

El compromiso
Si finalmente Tortoriello prospera con la denuncia penal, conforme el dictamen que se espera de la Dirección de Legales, entonces será coherente con lo que alguna vez dijo a LM Cipolletti, cuando recién comenzaban a vislumbrarse las anomalías de la gestión anterior de gobierno.

“Es probable que terminemos en la Justicia, pero queremos tener la certeza técnica. Si la Asesoría Legal dice que todo lo observado amerita tomar acciones legales, tendremos la obligación de hacerlo porque son dineros públicos los que están en juego”, apuntó en su momento Tortoriello.

El caso insólito
¿Quién se comió el queso?

Las 107 hormas de queso que llamaron la atención del departamento legal tenían como destino final las escuelas de esta ciudad, como parte de la asistencia que ofrece la comuna por convenio con el Consejo Provincial de Educación (CPE). Y aún no se sabe dónde fueron a parar.

“Las hormas de queso se retiraron y figuran como entregadas, pero no llegaron a las escuelas. Tenemos que ver quién se las llevó”, informaron fuentes cercanas al área de Legales.

La fecha de entrega es sospechosa: el 8 de diciembre de 2015, es decir, cuando ya no había clases, lo que hace pensar que alguien se las robó.