Suspendieron la audiencia por Techo Digno contra Anibal Tortoriello y Abel Baratti: las razones
Se investiga el delito por Administración Fraudulenta por el desvío de más de 27 millones de pesos. También imputaron a una funcionaria contable y a los empresarios de la construcción.
Las imputaciones se enmarcan en un acuerdo para la construcción de 404 viviendas en Cipolletti, que contó con sobrecargos de precios de más de 27 millones de pesos y sobre certificaciones de avances de obra falsos.
La audiencia de control de acusación en la causa que investiga los delitos de las viviendas “Techo Digno” comenzó hoy en horas de la mañana en Cipolletti. Los imputados en calidad de autores son Abel José Baratti y Aníbal Tortoriello, la ex funcionaria Lucila Chiocconi y los empresarios de la construcción, Arturo Mendiberri, Domingo Mocciola y José Daniel Zoppi.
El Ministerio Público Fiscal expuso los hechos atribuidos y la calificación legal solicitada para el grupo de personas imputadas. El delito se enmarca en un acuerdo para la construcción de 404 viviendas en Cipolletti, que contó con sobrecargos de precios de más de 27 millones de pesos y sobre certificaciones de avances de obra falsos.
Te puede interesar...
El acuerdo fue suscripto por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y la Vivienda Federal y la Municipalidad de Cipolletti para la construcción de viviendas que brinden una solución habitacional a los cipoleños. Durante la gestión de Baratti, el gobierno local contrató a las empresas Zoppi Hnos., ECA S.A., Roque Mocciola S.A. y Zigma S.A. para ejecutar la obra.
Desde junio y diciembre de 2015, el municipio destinó pagos de anticipo financiero y certificados de obra por un monto total de $77.395.651 pese a que el monto correcto apenas superaba los $60 millones. “Es decir realizó un sobrepago de $16.551.411,02” detalló la fiscalía.
Desvío de fondos de más de 27 millones de pesos
Respecto de la gestión de Tortoriello, se indicó que en el primer cuatrimestre de 2015 se recibieron 22,8 millones de pesos, equivalentes al 11,26 % del convenio. Los montos debían completarse con $41.768.978,06, pero se abonaron más de $63.673.939,48 lo que representa un sobrepago de $21.904.961,42.
La acusación también sumó el análisis realizado por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPPV) que midió los avances físicos en la obra que resultaron menores a los certificados por las empresas, lo que constituye una sobre certificación. En este sentido se señaló la intervención de la funcionaria responsable del control interno contable, quien suscribió órdenes de pago que excedían los montos certificados.
Mediciones del IPPV reflejaron certificaciones falsas
En noviembre de 2016, la Municipalidad firmó convenios de rescisión con las empresas contratistas, donde reconoció como válidas las mediciones del IPPV. La fiscalía incorporó esos documentos que refuerzan la hipótesis de que las certificaciones previas no reflejaban la realidad de lo construido.
El segundo hecho atribuido a la causa está vinculado a la sustracción de fondos desde la cuenta creada en el Banco Nación para los fondos del programa “Techo Digno ”, que habrían sido transferidos hacia otras cuentas municipales.
Por estos episodios, los ex intendentes Baratti y Tortoriello fueron imputados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real con peculado, ambos en carácter de autores. A la ex funcionaria contable y a los empresarios se les atribuyó participación necesaria en administración fraudulenta.
Suspensión de audiencia y solicitud de antecedentes penales de los ex intendentes
Tras la presentación, las defensas solicitaron el sobreseimiento de sus clientes por prescripción de la acción penal. La fiscalía respondió que no podía expedirse sin contar con los antecedentes penales de los ex jefes comunales, ya que la existencia o no de condenas previas podría modificar sustancialmente la respuesta.
Ante la ausencia de oposición de las defensas, la jueza de juicio resolvió suspender la audiencia hasta tanto se obtengan los informes de antecedentes de los intendentes. De ese modo, la definición del trámite quedó ligada a la incorporación de esa documentación.
Las causas ligadas al programa Techo Digno se investigan en distintas localidades de Río Negro. Algunas ya se encuentran en etapa de juicio, otras en control de acusación, y en varios expedientes se formularon cargos a ex autoridades, funcionarios técnicos, cooperativistas y empresarios.
La complejidad de las múltiples pruebas y los planteos de la competencia extendieron los plazos judiciales, aunque la mayoría de los procesos avanzó hacia instancias definitorias en el cronograma judicial.
Leé más
Campeonato de Asadores: siguen abiertas las inscripciones, conocé todos los detalles
Los psicólogos rionegrinos proponen una nueva legislación para más control en la profesión
Entre la salud y Vaca Muerta: las carreras más populares en la Expo Vocacional de Neuquén
Noticias relacionadas
Lo más leído
Dejá tu comentario