Techo Digno: piden el sobreseimiento del ex intendente de Cipolletti Abel Baratti

La causa Techo Digno en Cipolletti tendrá este jueves un nuevo capítulo. La Justicia, deberá resolver sobre el planteo de la defensa de Abel Baratti, quien está imputado por administración fraudulenta y peculado en relación con el uso de fondos nacionales destinados a la construcción de 404 viviendas.

En diálogo con LMCipolletti, el abogado del ex intendente, Rafael Cuchinelli, anticipó que solicitará el sobreseimiento de su defendido por prescripción de la acción penal.

Cuchinelli explicó que el primer hecho imputado —la presunta estafa por pagos en exceso a certificaciones de obra— tiene una pena de entre 2 y 6 años. “La ley dice que la prescripción comienza a contarse cuando cesa el delito o cuando transcurre la pena máxima. Baratti dejó la función pública en 2015 y recién se le formularon cargos en 2023. Pasaron ocho años. No hay discusión alguna de que está prescripto”, afirmó.

El letrado cuestionó además que se intente sostener que el plazo se suspende porque hay otros funcionarios investigados, entre ellos Aníbal Tortoriello. “La fiscalía marca claramente que se trata de hechos independientes uno del otro”, remarcó.

“Hubo un manejo responsable de los fondos”

Respecto al segundo cargo, el de peculado, Cuchinelli sostuvo que la acusación es contradictoria. “Hablan de que se sustrajeron fondos para obtener un beneficio propio o para un tercero. Pero lo que ocurrió es que el dinero enviado por Nación se colocó en un plazo fijo y después se usó para pagar la obra que correspondía. Se cuidó el dinero en un contexto de inflación”, explicó.

El abogado agregó que una pericia incorporada a la causa confirma que los fondos se transfirieron a cuentas municipales y luego se destinaron a los trabajos previstos.

La audiencia de este jueves, a las 10, será determinante para el futuro de Baratti en el expediente. La Justicia deberá definir si corresponde dar lugar al pedido de sobreseimiento por prescripción o si la causa avanza hacia el control de acusación, paso previo a un eventual juicio oral.

Techo Digno y el clima electoral

Esta semana se realizaron nuevas audiencias en el marco de la causa Techo Digno. Es una instancia "preparatoria", anterior al inicio formal de los procesos judiciales que apuntan contra intendentes de diferentes signos políticos. Una causa política, según los acusados, que genera suspicacias en medio de la campaña electoral.

Esta novedad movió a la política ya que los juicios incluyen a los exjefes comunales de Cinco Saltos, Liliana Alvarado y Germán Epul; y el de Fernández Oro, Juan Reggioni. A ellos, se suman los procesos que deberán enfrentar en octubre el diputado nacional Aníbal Tortoriello, Abel Baratti y el legislador Daniel Belloso. En tanto que ya tienen fecha de juicio, los exmandatarios de Bariloche María Eugenia Martini y Gustavo Gennuso.

Precisamente Gennuso, al conocerse los llamadas judiciales de esta semana indicó: "¿Son tan obvios? ¿Los fiscales juegan a la política?". La reflexión -que hizo en sus redes sociales- apunta al tiempo en que el Poder Judicial "mueve" la causa que se sustancia desde 2018 por presuntas irregularidades en el manejo de fondos para la construcción de viviendas.

El barilochense, junto a su antecesora, son los dirigentes más incisivos a la hora de criticar el proceso. A ellos se sumaron los legisladores José Luis Berros (PJ) y Santiago Ibarrolaza (CREO), pero el planteo sobre un sesgo político de la investigación es compartida por otros acusados, como el cipoleño Tortoriello.

La Justicia avanzará esta semana en audiencias clave para poder fijar la fecha de juicio. En Bariloche los dos ex intendentes acusados ya atravesaron esa instancia. María Eugenia Martini irá a juicio en marzo del año próximo; mientras que Genuso, su sucesor, será juzgado en octubre. El juicio comenzará el lunes 27, un día después de las elecciones nacionales en las que se renovarán parcialmente las cámaras de Diputados y Senadores.

La causa Techo Digno avanza bajo la hipótesis del desvío de fondos de obras públicas a financiar la actividad política. Los procesos tienen en la mira a seis exintendentes que forman parte de la contienda electoral.