Postergaron la audiencia contra los ex intendentes de Cipolletti por la causa "Techo Digno"

La audiencia de control de acusación en el marco de la causa “Techo Digno”, en la que están imputados los ex intendentes de Cipolletti Aníbal Tortoriello y Abel Baratti, fue postergada tras un pedido de uno de los involucrados. Ambos, junto a la excontadora municipal Lucila Chiocconi y los empresarios Domingo Mocciola, Daniel Zoppi y Arturo Mendiberry, enfrentan cargos por administración fraudulenta y peculado en el manejo de fondos destinados a la construcción de viviendas.

La solicitud fue realizada por Baratti, quien alegó que se encontraba en situación de indefensión debido a la ausencia de su abogado patrocinante, Rafael Cuchinelli. El letrado había requerido en otras oportunidades la postergación de la audiencia porque debía cumplir con otro compromiso judicial en Tucumán, pero sus planteos no habían prosperado.

En la audiencia, realizada de manera virtual, Baratti manifestó la necesidad de contar con su representante legal, a pesar de que se le había asignado a la defensora oficial Belén Pascal. Ante esta situación, los defensores de los demás imputados adhirieron al pedido.

El fiscal jefe, Santiago Márquez Gauna, se opuso a la postergación al considerar que no se veían afectados derechos de los acusados en esta etapa del proceso. Sin embargo, la jueza de Garantías Alejandra Berengue resolvió suspender la audiencia “para evitar futuros pedidos de anulación” y dispuso que se fije una nueva fecha a la brevedad. Finalmente, el trámite fue reprogramado para el 6 de octubre.

La acusación

La investigación apunta al manejo de los fondos del programa federal de viviendas “Techo Digno”. El convenio que dio origen a la obra fue firmado en abril de 2015 entre el Gobierno nacional y la Municipalidad de Cipolletti, con el objetivo de financiar la construcción de 404 viviendas, distribuidas en cuatro planes.

De acuerdo con la fiscalía, los ex intendentes habrían autorizado pagos a empresas constructoras por montos superiores a los avances de obra efectivamente certificados. Según los cálculos presentados, la firma Zoppi Hnos. habría recibido un 12,58% más que lo correspondiente, Eca S.A. un 14,75%, Mocciola S.A. un 7,57% y Zigma S.A. un 20,56%.

Techo Digno

Otra de las acusaciones sostiene que Tortoriello y Baratti habrían transferido fondos desde la cuenta bancaria del Banco Nación, destinada de forma exclusiva al programa, hacia otras cuentas municipales. Esa maniobra habría violado las cláusulas contractuales e impedido un seguimiento transparente de los recursos.

La ex contadora Lucila Chiocconi está acusada de haber intervenido en los pagos irregulares sin realizar observaciones, incumpliendo sus funciones de control interno previstas en la Carta Orgánica Municipal. La fiscalía sostiene que sus firmas en las órdenes de pago resultaron esenciales para que las maniobras pudieran concretarse.