Sancionarán a los padres por el bullying de sus hijos: incluye trabajo comunitario y multas millonarias
El proyecto de ley de la Legislatura de Río Negro propone la intervención del Juez de Paz para exigirle a los adultos responsables el cumplimiento de los protocolos escolares.
La Legislatura de Río Negro busca intervenir de forma directa en una de las problemáticas más sensibles del ámbito educativo: el acoso escolar. El proyecto de ley propone la aplicación de sanciones para los padres y tutores de los hijos involucrados en situaciones de bullying escolar, con el objetivo de reforzar la responsabilidad adulta frente a estos episodios.
La iniciativa tiene como objetivo abordar la violencia en las aulas rionegrinas a partir de la aplicación de multas a los adultos responsables, ante la falta de intervención en la educación de sus hijos para erradicar el acoso escolar.
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Una propuesta que apunta a una intervención temprana
La propuesta legislativa apunta a prevenir el hostigamiento priorizando la intervención temprana y el enfoque socioeducativo, pero otorgándole facultades a la Justicia de Paz para aplicar sanciones concretas a los tutores que no se involucren de manera efectiva en la corrección de las conductas de acoso.
Los impulsores del proyecto, Javier Acevedo y Roberta Scavo (CC ARI) remarcaron la necesidad de dotas a esta problemática de un marco institucional más amplio frente a casos graves que suelen exceder las herramientas pedagógicas de las escuelas.
La problemática del acoso escolar y su vínculo con las amenazas de tiroteo
El abordaje de la violencia en las escuelas rionegrinas resulta necesario ante la actualidad escolar con múltiples amenazas de tiroteos, que surgieron a partir del caso de un estudiante de Santa Fe que era víctima de bullying escolar y realizó el ataque armado que le costó la vida a un alumno de la institución.
La iniciativa busca incluir el acoso escolar en el Código Contravencional de la provincia (Ley N°5592) y establecer legalmente la responsabilidad de los padres ante las acciones de los menores.
Las problemáticas que tienen lugar en las aulas suelen exceder las herramientas pedagógicas de los profesores al momento de las clases. Justamente la actualidad de amenazas y advertencias de tiroteos en las escuelas activaron protocolos de seguridad que alteran el normal desarrollo de las jornadas, generan incertidumbre en la comunidad educativa y provocan dificultades en las rutinas escolares.
El texto del proyecto advierte que la violencia en el aula “no debe ser banalizada ni naturalizada porque no se trata de un mero juego de bromas entre adolescentes ni tampoco puede minimizarse diciendo que ‘son cosas de chicos”.
La propuesta definió al bullying como “una conducta agresiva, violenta, intencional, repetitiva, verbal, física o psicológica contra un estudiante al que busca intimidar someter y dañar su autoestima generando inseguridad y miedo en el entorno escolar”.
El proyecto de Ley suprimiría la denuncia policial previa
El proyecto de ley propone que la institución escolar o los familiares de la víctima de bullying puedan solicitar la intervención directa del Juez de Paz local Este mecanismo suprimiría el requisito de una denuncia policial previa si no se presumen delitos contemplados en el Código Penal.
El magistrado será el encargado de exigirle a los adultos responsables del menor agresor el cumplimiento de las instrucciones y protocolos escolares. Si los tutores omiten estas directivas y el acoso escolar persiste, el juez podrá imponer sanciones de forma progresiva como amonestaciones, asistencia obligatoria a instancias formativas de prevención, trabajo comunitario o multas económicas que pueden llegar a un monto millonario.
La propuesta contempla que todo el dinero recaudado en estas multas sea destinado a los Organismos de Protección de la Niñez y Adolescencia para financiar campañas de concientización y prevención.
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