El IPPV dio una última oportunidad para regularizar viviendas tras 15 años de ocupación

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) inició una última instancia de notificación e intimación para las 70 familias del barrio House Vial, en General Roca, que desde hace casi 15 años habitan inmuebles sin abonar las cuotas correspondientes. La medida busca dar un cierre definitivo a una problemática habitacional originada a partir de una estafa privada.

El conflicto en la ciudad de Roca comenzó en junio de 2012, cuando un grupo de familias ocupó las unidades tras la sobreventa de carpetas por parte de la cooperativa House Vial. Si bien el Estado provincial finalizó las obras e intervino para garantizar respuestas a los damnificados, el recupero financiero de la inversión pública no se logró concretar en ese sector.

Actualmente, de las 87 familias que integran el complejo, solo 17 familias firmaron el convenio e iniciaron los pagos hace aproximadamente un año. Frente a las 70 familias restantes, el organismo dispuso el acompañamiento policial durante esta semana únicamente para formalizar las notificaciones y dejar asentada la advertencia administrativa.

Las condiciones económicas y el plan de cuotas

El plan trazado por el IPPV establece que cada inmueble se valúa en $25,8 millones, cifra que representa una cuarta o quinta parte del costo de construcción actual. El monto puede financiarse en hasta 300 cuotas a lo largo de 25 años, actualizadas según el salario mínimo, vital y móvil, con un tope donde la cuota no puede superar el 20% de los ingresos familiares.

Durante las negociaciones anteriores, algunos ocupantes plantearon esquemas antiguos pretendiendo abonar montos fijos cercanos a los $650.000. Al respecto, el titular del IPPV, Mariano Lavín, sostuvo: “Si vos creés que casi 26 millones es generoso, imaginate estos vecinos que quizá sugirieron pagar la casa 650.000 pesos, que es más o menos un mes de alquiler”, descartando esa opción.

Relevamiento técnico y postura oficial

Un relevamiento dispuesto por el gobernador Alberto Weretilneck determinó que las propiedades no registran fallas estructurales. El informe arrojó que más del 80% de las casas presenta mejoras externas, un 60% realizó reformas internas y más del 80% de las familias percibe ingresos formales por encima del salario mínimo.

Sobre el nuevo proceso de notificación, Mariano Lavín remarcó: “Es una segunda y para nosotros ya definitiva instancia de regularización”. Además, el funcionario destacó que el procedimiento permitió regularizar con éxito los planes de House Vial en las localidades de Allen, con 40 viviendas, y en San Antonio Este, donde suscribieron 85 de las 86 familias.

Vías legales en caso de un nuevo rechazo

Desde la administración pública detallaron que el marco legal de la vivienda social implica agotar todas las instancias administrativas previas debido a la presencia de menores y situaciones de vulnerabilidad en los hogares.

Sin embargo, el organismo advirtió que no habrá prórrogas indefinidas para quienes rechacen la propuesta. En caso de no ratificar el convenio, Mariano Lavín confirmó el temperamento a seguir por el Estado provincial: “Llegaremos a las próximas instancias, que es la recuperación del inmueble”.