Secuestraron una decena de perros y un gato en allanamiento por maltrato animal

Policías de la Comisaría 26º de Fernández Oro realizaron un allanamiento en una vivienda del barrio Costa Linda por una denuncia de maltrato animal.

El operativo lo ordenó el Ministerio Público Fiscal y se llevó a cabo el último martes, alrededor de las 20:30, con la participación del área de Bienester Animal del municipio local.

Como resultado, se procedió al rescate de cuatro perros adultos, 11 cachorros y un gato, los cuales quedaron bajo resguardo de la dependencia comunal para su protección y evaluación, informaron fuentes de la fuerza policial. Entre los ejemplares se encuentra una perra galga con sus crías, el objetivo central del procedimiento, aunque la medida establecía rescatar a todo animal que no se encontrara en buenas condiciones.

Las imágenes difundidas del procedimiento muestran que los animales se encuentran en mal estado, flacos, algunos de ellos con signos de desnutrición y se encontraban infestados de garrapatas. Tampoco se observó recipientes con agua ni alimentos. De hecho los rescatistas arrojaron alimento seco y se concentraron a comer con avidez. Incluso se pudo observar que compartían espacio con gallinas, las que también se acercaron para participar en la ingesta.

Cómo detectaron el caso

El allanamiento se realizó en la vivienda de un hombre que es conocido porque solía pedir alimento para animales, informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal. Recibió una bolsa con el producto y en esa oportunidad detectaron que los perros estaban en muy mal estado de nutrición. A partir de allí se inicia el procedimiento que derivó en el allanamiento en el que rescataron a los ejemplares.

Un delito castigado por la Ley

El maltrato animal está penado por la Justicia rionegrina, de acuerdo a lo que establece la Ley Nacional 14346, que "reconoce al animal como titular del bien jurídico en el delito de maltrato y crueldad, asignándole el carácter de víctima".

Una Instrucción General de la Procuración General provincial del año 2020 instruyó a los fiscales que intervengan en casos de crueldad animal que "no insten ni avalen la aplicación del beneficio procesal de la suspensión de juicio a prueba".

La medida aclara que solo en caso de que se estime conveniente hacer una excepción, aunque "deberá fundar su posición debidamente y realizar valoración objetiva" al respecto.

En este aspecto, se deberá expresar "si la solución adoptada resulta la mas adecuada y reparadora del daño causado", la "existencia previa de planificación de la agresión o transgresión al orden por el acusado" y la "probabilidad de que el acusado vuelva a desarrollar una conducta ilícita".

La procuración explicó que la instrucción tiene la finalidad de "obtener una condena ejemplar que la sociedad requiere, entendiendo que el Derecho es un medio para la erradicación de la violencia, venganza privada y regulador de la convivencia, en definitiva, garante de una paz social justa, que es a la vez derecho y garantía del goce de los demás derechos fundamentales de los animales humanos y no humanos que habitan este planeta".