No creen que la tobillera electrónica evite la fuga del descuartizador de Oro

No creen que la tobillera electrónica evite que el condenado Carlos Andrés Carrasco, más conocido como el “descuartizador de Oro”, se escape. Esta fue una de las pautas de conducta que le impuso el tribunal si antes paga los 400 mil pesos de caución real para salir de la cárcel en libertad.

La abogada querellante Graciela Demis aseveró que tal dispositivo de seguridad “no es efectivo, como ha quedado demostrado”. Dijo que funciona con “muchas fallas” y agregó: “En el supuesto de que funcionara bien, el imputado se la saca y se escapa sin que la Policía llegue a tiempo a detenerlo”.

En efecto, eso ocurrió en tres casos resonantes. Al cabo de dos meses, tres dispositivos fueron burlados por condenados.

Está la fuga anunciada de Irene Méndez, quien sentenciada a prisión perpetua por asesinar a Eduardo Honores se cortó la tobillera ni bien supo que iba a pasar largos años en la cárcel.

También la huida de Hugo Nicolás Cisterna, el preso condenado que se cortó la tobillera durante una salida transitoria, pero fue atrapado por la Policía tras un fallido intento de robo. Y el todavía prófugo Manuel Humberto Rivas que desapareció el día que lo condenaron por violación a 12 años de prisión.

La querella de Juan Antonio Martínez Parra -el abuelo asesinado con un martillo por Carrasco, y luego descuartizado con un hacha para ocultar su cuerpo en una medianera- cuestionó las fallas en los sistemas de control al oponerse al planteo de excarcelación que hizo la defensa, por encontrarse vencido el plazo legal de la prisión preventiva.

Demis advirtió, además, que es de imposible cumplimiento para la Policía constatar al menos una vez al día que los condenados que acceden a la libertad con tobilleras electrónicas se encuentren en el domicilio.

“Esta obligación es de imposible cumplimiento para la Policía, ya que no tiene personal suficiente para ello. Lo pueden llegar a realizar durante la primera semana, pero luego es seguro que no podrán, por falta de personal. Ello ha quedado demostrado en varios expedientes del fuero de Familia, que por razones de confidencialidad no se denuncian en este expediente”, sostuvo.

Y agregó: “En realidad, estas obligaciones serían adecuadas en un contexto distinto al que tenemos en nuestra provincia, en donde ni el Ministerio de Seguridad, ni la Policía, tienen recursos suficientes para cumplir con eficiencia las obligaciones impuestas por la Justicia Penal”.

En su planteo, la querella se opuso a que se le otorgue la excarcelación bajo una caución real. No obstante ello, solicitó que el monto supere el medio millón de pesos, si los jueces hicieran lugar a tal petición, como fue el caso.

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