Las tomas contra el desalojo

En la primera jornada del juicio contra una vecina del asentamiento Auca Liwen, la Fiscalía pidió ayer la absolución por no haberse comprobado el delito de usurpación que se le imputa. El fallo se hará público a fin de mes.

La jornada comenzó a las 9 de la mañana en el edificio de la Cámara Criminal Segunda, ubicada en la esquina de Urquiza y España. Un gran número de organizaciones sociales, políticas y asentamientos de la ciudad llegaron hasta el lugar para acompañar y repudiar el proceso judicial que tras un fallo podía producir que las causas penales se extendieran a otros ocupantes del asentamiento Auca Liwen, ubicado en la calle Lisandro de la Torre, a metros de la Ruta 22.

La abogada Victoria Naffa explicó a LM Cipolletti que sabían que la absolución de la imputada era totalmente previsible porque durante la instrucción de la causa se identificó un sin número de arbitrariedades que llevaron a la elevación a juicio sin ningún tipo de prueba y con el solo objetivo de criminalizar a un barrio y a una persona en concreto.

"En la jornada de hoy tuvimos la oportunidad de ofrecer las pruebas necesarias para demostrar que no había un interés en el propietario, que es quién inició la causa tras una denuncia. El hombre no se hizo presente ayer, y ninguno de los testigos que declararon habían visto a la vecina en el predio indicado como usurpado, obligando al fiscal Martín Pezzetta a tener que pedir la absolución del delito", relató Naffa.

Frente a un panorama poco alentador para el denunciante, el juez de Primera Instancia César Gutiérrez Elcarás debió interpelar a la Fiscalía para desistir de las pruebas presentadas y motivar el pedido de absolución. La sentencia, en tanto, será dictada el próximo miércoles, aunque al haber un pedido de absolución no existe posibilidad de condena.

En el barrio Auca Liwen actualmente viven 32 familias, en su mayoría jóvenes. La gestión municipal de Abel Baratti nunca los reconoció como barrio, impidiéndoles el ingreso de materiales para construcción, limitando los servicios públicos y negando la posibilidad de regularización de ese sector. Según indicó Victoria, vecina del asentamiento, ellos no tuvieron oportunidad de elegir dónde vivir y criar a sus hijos y nietos ya que en la provincia no se cumple con el derecho de acceso a la vivienda por la falta de loteos sociales y de construcción de planes de viviendas, siendo un problema de índole político que los funcionarios de turno deben solucionar.