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Fiscalía: "No perdemos la esperanza de desalojar la toma Kohan"

La usurpación de la chacra de Miguel Kohan, en el barrio Labraña, se concretó en agosto de 2020 y está consolidada. Pero hay una orden judicial que obliga al Estado a ejecutar el desalojo.

Aunque podría ser una causa perdida para muchos, el fiscal jefe Gustavo Herrera aseguró que no pierden "la esperanza de cumplir la ley , y la ley dice que hay que desalojar a los ocupantes de la toma Kohan".

Si bien reconoció que no existen en la ciudad antecedentes de tomas consolidadas que hayan sido desocupadas, ratificó que tiene fe y existe el compromiso de llevar adelante ese desalojo.

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Otra toma donde el Estado falló fue el Barrio Nuevo. Es un antecedente más donde el delito de usurpación le ganó la pulseada al derecho penal y al deber hacer del poder Ejecutivo.

Sin embargo, con la chacra de Miguel Kohan todavía no bajan los brazos. "Organizar un desalojo, coordinarlo, lleva su tiempo; y a los operadores del sistema les toca reducir los daños colaterales de la actuación policial y lo que sigue el día después. Es un imposición legal disminuir los riesgos", indicó Herrera, en diálogo con LU19.

La abogada Daiana Vásquez, quien patrocina a la familia damnificada, espera que el gobierno cumpla y ejecute la orden judicial de desalojo.

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Tiene sentencia firme desde febrero pasado. Se forjó el 27 de agosto de 2020. Hubo dos jueces que ordenaron el desalojo. Los dos advirtieron que el despojo que sufrió la familia Kohan no es el camino para resolver las falencias que debe subsanar el Estado , más aún cuando el despojado de la propiedad privada no tiene absolutamente nada que ver con el conflicto.

El juez Guillermo Baquero Lazcano fue claro y contundente. Les dijo a los ocupantes que se tenían que ir, que su estado de necesidad no justificaba la comisión de un delito, que el derecho de uno termina donde empieza el del otro. Advirtió también que de seguir dilatando el desalojo, lo único que se logra es acrecentar el conflicto.

Pues bien, la toma siguió consolidándose. La orden de desalojo se apeló una vez más. Hubo un tribunal de impugnación posterior que deliberó en consecuencia y dejó firme la sentencia. Pero aún así el Estado no ejecuta todavía la orden.

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