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En Río Negro buscan regularizar el uso de las cámaras de vigilancia

Se trata de una iniciativa presentada por el ejecutivo provincial.

En un momento en el que la tecnología puede ser vital para combatir la delincuencia, el ejecutivo de Río Negro presentó un proyecto de ley, con el cual buscan regularizar la utilización de los sistemas de videovigilancia instalados en lugares públicos o privados de acceso público, en 18 localidades (serán 21 con las obras que se encuentran en ejecución).

En este sentido, la iniciativa busca además de regular cualquier sistema de captación de imágenes que porten las fuerzas de seguridad de la provincia, tales como las cámaras corporales y los drones; regularizar el uso de las cámaras privadas en cuanto a la captación y grabación de imágenes de la vía pública.

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Según informaron desde el gobierno, todas estas cámaras están bajo la coordinación del Centro de Monitoreo General de Viedma.

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Principales objetivos de la iniciativa

Los principios que regirán la utilización de esta tecnología son los de proporcionalidad y razonabilidad, y los de intimidad y privacidad, y se establecen, además, límites en los lugares de colocación de las cámaras y en la captación de sonidos.

Con respecto a las grabaciones obtenidas, se establecerá la absoluta confidencialidad de las imágenes, como así también las sanciones que acarrea el incumplimiento de tal confidencialidad por parte de las personas con acceso a las grabaciones, como también los supuestos especiales que exigen la destrucción de las grabaciones.

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Se regulan también cuestiones que hacen a un mejor funcionamiento del sistema de video vigilancia. Se indica que el Ministerio de Seguridad y Justicia, como autoridad de aplicación, establecerá el procedimiento de tramitación de autorización para la colocación de cámaras, indicando los criterios de colocación, pudiendo asimismo dictar las normas complementarias necesarias para la puesta en funcionamiento de la ley.

Para decidir la instalación de nuevas videocámaras, el Ministerio deberá observar cuestiones como la participación ciudadana (requerimientos de la ciudadanía); datos estadísticos (índices delictuales y densidad poblacional) y necesidades especiales con respecto a la seguridad (como las de ciertos grupos poblacionales o lugares estratégicos).

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