Cooperativistas se reúnen con la interventora del IPPV

Dirigentes de cooperativas de vivienda se reunirán este viernes, en la ciudad, con la interventora del IPPV, Inés Pérez Raventos, a los efectos de tener certezas sobre qué pasará con las 349 viviendas que fueron licitadas el año pasado y que, pese a las expectativas generadas, todavía no arrancan y no se sabe cuándo podrán hacerlo.

Entre los cooperativistas existe gran preocupación por la demora en el inicio de los trabajos y se teme por la posibilidad de que, incluso, no puedan comenzar quizás hasta cuándo. Lo peor sería que los emprendimientos se caigan y queden sin efecto, dejando a las familias que se verían beneficiadas sin opción alguna.

Las entidades que esperan definiciones son Viviendas del Sur, La Nueva Esperanza, 5 de Septiembre, 125 Viviendas, La Unión del Sur, Banco Hogar y Emanuel. Detrás de ellas, están los cientos de cipoleños que necesitan un techo propio, a raíz de los cada vez más altos montos que se piden por alquiler y las exigencias que plantea el deterioro del poder adquisitivo de los salarios.

Los dirigentes mantuvieron el miércoles una reunión con el titular de la Uocra Río Negro, Juan Garrido, quien ha denunciado públicamente la situación de indefinición en que se encuentran los planes habitacionales previstos para Cipolletti y otras localidades de la provincia. Para el gremio, cabe acotar, es fundamental contar con más fuentes de trabajo para reducir la desocupación.

Ayer, el sindicalista manifestó que su organización está dispuesta a unir esfuerzos con los cooperativistas para exigir respuestas de las autoridades provinciales y nacionales e, incluso, concretar a tal fin alguna modalidad de protesta, si fuera necesario.

En tanto, la cooperativista Marcela Espinoza, de La Unión del Sur, expresó que, de acuerdo a lo que han podido conocer, el retraso en el lanzamiento de las obras tiene que ver con circunstancias relacionadas con el gobierno nacional.

Indicó que Nación no habría enviado a las empresas constructoras que resultaron adjudicadas para los trabajos el 20 por ciento de la inversión total que les corresponde recibir para el comienzo de las tareas. Ante la situación, el gobierno provincial se ofreció a hacerse cargo de la mitad de esos fondos, esto es, un 10%, en tanto que el otro 10% le seguiría correspondiendo al Estado nacional.

Sin embargo, hasta ahora no hay respuesta oficial a la situación y la incertidumbre no hace más que acrecentar la inquietud y el nerviosismo. En la reunión con Pérez Raventos se espera despejar los interrogantes.