Acusarán a seis vecinos por la toma en la Isla Jordán

Fracasó la negociación y pueden ordenar el desalojo del predio.

La fiscalía jugó su última carta para desactivar la toma de la Isla Jordán por la vía del diálogo y no lo logró, de modo que ya solicitó una audiencia de formulación de cargos por usurpar terrenos fiscales contra seis personas, apuntadas como las organizadoras de un asentamiento que involucra a más gente.

Finalmente, el conflicto abierto se encamina hacia un posible desalojo, ya que la última instancia de negociación fracasó. Se trata de la mediación que realizaron tres facilitadoras de la Dimarc, cuyos alcances se desconocen porque su intervención fue confidencial.

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“La confidencialidad es una disposición de la Dimarc para todos los casos”, aclararon desde el Ministerio Público Fiscal. El organismo intenta así asegurar el éxito de las mediaciones, aunque esta vez no resultó.

Solo se sabe que el trabajo desplegado por las trabajadoras judiciales no llegó a buen puerto. Intentaron que se desocupe la toma de forma voluntaria, pero no lo lograron, y agotada la instancia de negociación para resolver el conflicto por la vía pacífica, la fiscal del caso, Rocío Guiñazú, resolvió pedir la formulación de cargos por usurpación para seis ocupantes. Son los que participan activamente de una toma que involucra a más personas y lleva un par de meses. En principio, la fiscalía formulará cargos a esos seis ocupantes, cuyas identidades no trascendieron, aunque no se descarta que la acusación se pueda ampliar a otros vecinos, según informaron fuentes judiciales. Resta que la Oficina Judicial fije fecha de audiencia para que la fiscal avance.

Mientras tanto, los ocupantes sostenían la ocupación del predio a fuerza de cumplir con una guardia mínima por las noches, que va rotando. De esta manera, se aseguraron que tanto madres como niños no padezcan las inclemencias del tiempo en la total intemperie.

También permanece una consigna policial para impedir el ingreso de materiales de construcción que consoliden la usurpación, siguiendo el protocolo contra las tomas que elaboró la Justicia. En los últimos casos, la inminencia de una causa penal derivó en la liberación de los terrenos sin intervención de la Policía.

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