Acuerdan más de medio millón de pesos por causa de estafa ocurrido en Cipolletti

En una audiencia preliminar realizada esta mañana, el fiscal Marcelo Gómez en conjunto con un grupo de damnificados en una maniobra de estafa, acordó con la defensa del imputado un arreglo económico por más de medio millón de pesos a cumplir en el término de diez meses. El concepto de pago incluye el capital de la estafa al que se le suma un porcentaje de intereses.

El representante del Ministerio Público advirtió que la negociación se da en el marco de la transición hacia el modelo acusatorio que entrará en vigencia en agosto próximo, donde uno de los principales objetivos de la fiscalía es satisfacer las pretensiones de la víctima respecto del proceso judicial. En este sentido, agregó que en estos casos donde la afectación es patrimonial, lo que interesa a los damnificados principalmente es la devolución del dinero.

Puntualmente, entre los términos solicitados hoy por la fiscalía, se requirió que se duplique el valor nominal de los montos denunciados en función de los intereses desde la fecha del hecho hasta la actualidad. En total se trata de cinco víctimas que se vieron perjudicadas en poco más de 270.000, por lo que con intereses se alcanzó la suma de $540.000 que serán abonados en 20 cuotas quincenales de $27 mil.

Por otro lado, en caso que el imputado no cumpla con el acuerdo, la causa volverá a juicio y éste perderá - en caso de haber efectuado el pago de alguna cuota - el dinero entregado.

Las víctimas estuvieron de acuerdo con el monto acordado y con la modalidad de pago y una vez finalizada la audiencia destacaron la labor de Gómez en cuanto a su intervención antes y durante la audiencia.

El hecho llevado a juicio ocurrió en Cipolletti, aproximadamente en 2013, cuando el imputado -invocando ser el apoderado de una empresa que se dedicaba a la construcción de viviendas- ofreció mediante publicidad engañosa ese servicio de construcción a precios competitivos en el mercado inmobiliario y con amplia financiación. Así, se suscribió un contrato en el cual se comprometía a cumplir con las obras ese mismo año, aunque finalmente las casas nunca fueron entregadas.