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Suspenden el desalojo de la toma Barrio Obrero A

El juez levantó la audiencia prevista "para bregar por la paz social".

Al final, la audiencia judicial para arbitrar las condiciones del desalojo del Barrio Obrero A no se va a hacer. El juez Alejandro Cabral y Vedia suspendió la convocatoria para que las autoridades municipales y provinciales arriben a una solución al conflicto en forma pacífica.

El funcionario judicial reconoció que si bien es su deber hacer cumplir la ley, sostuvo que, como integrante de un poder del Estado, también debe “velar y garantizar la paz social”.

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Por un lado, los vecinos del asentamiento celebraron que el juez reconozca que la solución al problema de la vivienda de cientos de familias es política. Por otro, el apoderado de las tierras, Carlos Romero, se manifestó de acuerdo con la resolución, en tanto el Estado se ocupe del tema y llegue a un acuerdo, pero pidió participar de esa discusión, ya que hasta ahora las autoridades actuaron de forma “unilateral” y no tienen idea de lo que él piensa y quiere.

“Yo creo que este juez hace todo lo posible para que esto se resuelva de manera pacífica, y no llegar a un desalojo”, añadió Romero.

Victoria Naffa, la abogada que representa a los vecinos del Obrero A, confesó que la decisión los tomó por sorpresa, ya que el juez que ordenó la suspensión es el mismo que viene impulsando el desalojo. No obstante, celebró que reconozca que la solución al conflicto va más allá de la esfera judicial y debe ser zanjado por el poder político.

Además, advirtió que la resolución llega luego de una fuerte movilización que hizo posible, incluso, el pedido de suspensión que firmó y presentó el concejal Miguel Aninao, como presidente del bloque oficialista, el viernes pasado; todos acontecimientos públicos que no pasó por alto el juez.

“Está bien que el juez permita que el Deliberante busque una solución pacífica y que, si no la encuentra, entonces retome la mediación y se cumpla con la Justicia”, apuntó Romero. En ese sentido, afirmó que la única salida es que los vecinos paguen la tierra. “No hay otra forma”, dijo, y añadió: “Deberían estar agradecidos de que la familia propietaria todavía les quiere vender las tierras que ocupan”. El problema, apuntó, es que “ellos quieren pagar dos pesos y nosotros pretendemos cobrar por lo menos $42 mil”.

La dirigente Lilia Calderón reiteró que los vecinos tienen voluntad de pagar y que prueba de ello es el millón de pesos que tienen en una cuenta bancaria, entre los fondos que juntaron los vecinos y los aportes que hicieron organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, volvió a desconocer a Romero como dueño y aseguró que no pactarán con él.

Expectativas
“El Estado se tiene que hacer cargo”

Los vecinos del Obrero A estallaron de alegría cuando supieron que la audiencia era suspendida. Interpretaron la decisión como resultado de la lucha que llevan a cabo hace muchos años. “Esto es un logro de los vecinos, de toda la lucha y lo movilizados que estuvimos”, expresó Lila Calderón, quien agregó: “Por suerte se entendió que la respuesta al problema de la tierra es política y la tiene que dar el Estado”. Victoria Naffa, la abogada que los representa, advirtió que la “judicialización” del Barrio Obrero A hasta aquí había sido una “excusa” del poder político para no avanzar con la regularización. Afirmó que la decisión del juez “sienta precedente” para que autoridades municipales y provinciales se hagan cargo y avancen en la declaración de la utilidad pública y la expropiación de las tierras.

A fojas cero
Idas y vueltas de la Justicia en un conflicto que sigue dilatándose

Primero ordenaron el desalojo
En el 2010 se ordenó el desalojo del Barrio Obrero. Pero no sólo no se efectivizó, sino que el asentamiento se fue consolidando y 462 familias apelaron el fallo, que fue ratificado por el STJ en el 2014.

Marcha atrás
El juez Alejandro Cabral y Vedia decidió suspender la audiencia prevista para el mes que viene en la que se iba a arbitrar el desalojo. Dijo que prefiere que las partes lleguen a un acuerdo pacífico.

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