El clima en Cipolletti

icon
17° Temp
50% Hum
LMCipolletti mujer

Se le agotan los recursos al ginecólogo Rodríguez Lastra

La defensa del médico condenado por interrumpir un aborto no punible recibió otro revés al no prosperar su pedido de recusación de la única jueza del Tribunal.

El Tribunal de Impugnación de la provincia de Río Negro volvió a fallar en contra del ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra en la causa que lo condenó por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público al interrumpir el aborto de una joven víctima de violación. La defensa del médico había pedido la recusación de la única magistrada mujer que conforma el Tribunal acusándola de ser imparcial y votar según su ideología, pero no lo logró.

“El Tribunal de Impugnación resuelve por mayoría declarar inadmisible la impugnación extraordinaria presentada por la Defensa de Leandro Javier Rodríguez Lastra”, resolvieron en un fallo emitido el martes 29 de septiembre y firmado por los magistrados Carlos Mohamed Mussid, María Rita Custet Llambí y Miguel Ángel Cardella.

Te puede interesar...

Tras concoerse la sentencia contra Rodríguez Lastra, la defensa planteó la impugnación diciendo que se valoró mal la prueba, que se invirtió el principio de inocencia, y que en la sentencia impugnada se planteó un enfoque ideológico del caso. Mencionan una “carencia de imparcialidad, justifican la recusación de la jueza Custet Llambí y señalan que su sesgo teñido de preconceptos ideológicos conduce a esa parte a afirmar que el decisorio ha incurrido en la violación de los principios constitucionales que aluden”.

Los jueces indican que, según lo planteado por la defensa, Rodríguez Lastra no incurrió en maniobras dilatorias al pedir la evaluación psicológica de la paciente, pues el consentimiento informado es un documento legalmente necesario y si alguna dilación existió, es imputable al personal de salud del Hospital de Fernández Oro.

Según planteó le fiscalía cipoleña, no existen agravios concretos respecto al principio de inocencia ni al de legalidad, ni expresa cuál es el error que invalida el fallo. “Tampoco demuestra el peligro de vida de la denunciante por lo que las citas aisladas de una publicación, no suplen la argumentación del razonamiento del litigante”, indican en el fallo.

Fiscalía afirma que el acusado ha obstruido el derecho de una mujer embarazada producto de una violación, a la práctica de un aborto no punible y ello ha sido demostrado y correctamente valorado por los jueces. “La Indometacina IM75 fue suministrada por el acusado sin respetar la voluntad de la paciente, incumpliendo la Ley”, detallan.

En el apartado de la jueza Custet Llambí, única miembro mujer del Tribunal y que la defensa del médico pidió su recusación, expresó que se impone en este caso el análisis bajo la perspectiva de género, de manera que se erradiquen las preconcepciones sobre el rol y las funciones de la mujer en la sociedad.

“Ello por cuanto es deber de los Estados modificar los patrones socioculturales de conducta con el objetivo de alcanzar la eliminación de prejuicios y las prácticas que estén basadas en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o sus funciones estereotipadas Como he expresado anteriormente en diversos precedentes, el derecho interpretado desde tal perspectiva exige la contextualización y la actuación conforme al principio pro persona, que se configura en este ámbito como un criterio hermenéutico que obliga a los órganos judiciales a adoptar interpretaciones jurídicas que garanticen la mayor protección de los derechos humanos, en especial de las víctimas. En suma, de lo que se trata es de juzgar los hechos dentro del contexto de desigualdad de género y eliminando los estereotipos genéricos que, como elementos cognitivos irracionales vemos como verdades absolutas, han sido transmitidos socialmente. Tales patrones estereotípicos por medio de la construcción cultural traspasan nuestro tejido perspectivo y perjudican y restringen los derechos de las mujeres”, expresó Custet Llambí.

Y agregó que, cabe resaltar ante la confusión que pervive en algunos sectores sociales y aun en operadores judiciales, que conforme los estándares jurídicos internacionales que la perspectiva de género no es una ideología ni una teoría, sino una herramienta clave para combatir la discriminación y violencia contra las mujeres y contra las personas LGBTI.

“Es deber de la magistratura aplicar la perspectiva de género a efectos de garantizar un juicio imparcial en tanto el Comité de Cedaw ha establecido que la aplicación de estereotipos afecta el derecho de la mujer a un juicio imparcial y justo. Bajo esa perspectiva y en el marco de los hechos traídos a juicio cabe destacar que las personas gestantes tienen derecho a ser destinatarias de un servicio de atención integral enfocado en los derechos que incluye en su concepción un abordaje holístico y articulado del proceso salud-enfermedad-atención, que se traduce en las prácticas en tanto incorporan un enfoque de promoción, prevención y rehabilitación en salud que incluye la perspectiva de género, la noción de autonomía, equidad, ciudadanía, agencia moral y las necesidades en salud, según el ciclo de vida”.

Añadió que en el caso particular de mujeres víctimas de violación “la atención de una ILE, al igual que cualquier consulta de salud, se encuadra en la ley 26529, de los Derechos de los Pacientes en su Relación con los Profesionales y las Instituciones de Salud, y su decreto reglamentario 1089/2012. “Este marco asegura que toda niña, adolescente y mujer en condiciones de interrumpir una gestación contará con información sanitaria clara, completa, acorde a sus competencias y basada en la evidencia científica; respeto por la confidencialidad y su intimidad; un trato digno y respetuoso de sus creencias y cosmovisiones sin ningún tipo de discriminación y fundamentalmente el respeto por su autonomía, que está estrechamente vinculado con el derecho a recibir información sobre los cursos de acción posibles, a escoger una alternativa terapéutica o a rechazar un tratamiento”, aseguró.

Indicó que esta normativa asegura a las mujeres usuarias del servicio de salud que cada negativa, maltrato, obstaculización o demora en garantizar la prestación lícita de aborto se traduce en una violación de derechos y en un acto cruel, inhumano y degradante que depararán, además de la responsabilidad personal de cada profesional interviniente, la responsabilidad de quien ejerce las funciones de director/a de la institución y, en última instancia, la responsabilidad del mismo Estado nacional.

Rodríguez Lastra

Prisión en suspenso y capacitación en género

Al ginecólogo Rodríguez Lastra se lo declaró culpable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y se lo condenó a una pena de un año y dos meses de prisión en suspenso, dos años y cuatro meses de inhabilitación para desempeñar cargos públicos y costas cumplimiento de pautas de conducta. También deberá realizar un curso sobre consentimiento informado, otro sobre protocolo de interrupción del embarazo, además de obtener formación y capacitación para obtener perspectiva de género en el trabajo de la salud.

Leé más

¿Qué te pareció esta noticia?

13.04347826087% Me interesa
36.95652173913% Me gusta
2.1739130434783% Me da igual
4.3478260869565% Me aburre
43.478260869565% Me indigna

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario