Se cortó el diálogo y piden el desalojo de la usurpación

La Fiscalía perdió la esperanza en la negociación con las familias.

Guadalupe Maqueda / maquedag@lmneuquen.com.ar

La última toma que desvela al Municipio y a la Justicia, en cercanías del barrio Anai Mapu, va camino a la consolidación. Sus ocupantes siguen firmes en el lugar y aunque no pueden ingresar cemento ni ladrillos, ya armaron sus casillas con madera y chapa, donde hace casi un mes atrás clavaron con estacas una carpa. Tanto es así que el espacio físico, aunque precario, se ha modificado sustancialmente y ofrece una postal similar a la de otros asentamientos en Cipolletti.

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“La gente está avanzando muy rápido y ya hay muchas familias viviendo de forma permanente. Con madera y chapa estamos armando casillas y queremos armar un comedor para los chicos que van a la escuela”, indicó Abigail, una de sus referentes.

Preocupados por el avance que ha tenido el asentamiento, y sin resultados para negociar un retiro voluntario y pacífico, el fiscal Matías Stiep les formulará cargos a nueve ocupantes –cinco mujeres y cuatro hombres- por el delito de usurpación y solicitará el desalojo. Ayer, pidió la audiencia a la Oficina Judicial para avanzar en esta dirección.

En diálogo con LM Cipolletti, el fiscal jefe Gustavo Herrera sostuvo que la negociación quedó trunca porque los ocupantes de la toma no están dispuestos a retirarse del lugar para iniciar un proceso de regularización; y el Municipio tampoco quiere comprar una chacra en esas condiciones. Pensaba hacerlo, para lotear tierras y generar espacios verdes, pero en este contexto no lo hará.

“La oferta del Municipio era inmejorable, pero los ocupantes no se quieren ir ni quieren iniciar un proceso de regularización en los términos que planteó el Municipio. Ellos lo quieren hacer a su manera, que el Estado ponga la plata e ingrese a trabajar con ellos. Dicen que quieren negociar, pero ellos deciden cómo hacerlo, ponen sus condiciones; y el Municipio termina como rehén de una situación extorsiva”, evaluó Herrera.

Desde la Fiscalía no avalan la situación, y por eso considera que es momento de avanzar con un eventual desalojo, a menos que la gente que participa de la toma realice una propuesta razonable y se retire para dejar avanzar al Municipio con su proyecto de urbanización.

“Yo sé que el Estado llega tarde, pero me consta el Municipio ha hecho un esfuerzo muy grande para resolver este problema; incluso consensuando con el gobierno entrante”, sostuvo el fiscal jefe.

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De acuerdo con la teoría del caso, la toma se produjo el 18 de octubre cuando los acusados junto a otro grupo de personas, de las cuales no se pudo obtener aun los datos filiatorios, ingresaron de forma clandestina al lote ocupado y, una vez en el lugar, comenzaron a dividir las tierras y a realizar construcciones de viviendas precarias.

De esta manera, despojaron de la propiedad a la familia damnificada que tiene la propiedad del inmueble, informaron ayer fuentes judiciales.

Sobre esa base, el fiscal Stiep formulará la acusación, y en la toma ya están al tanto. Una de las referentes, Abigail, dijo que “la gente se está preparando” para un eventual desalojo. “Sabemos que en cualquier momento nos llega la orden”, acotó.

Aseguró que van a resistir porque de ahí nadie se quiere ir: “Capaz que, si nos vamos, después no podemos volver”.

Incluso reconoció que tampoco quieren que el Estado ingrese para realizar un censo porque temen que utilicen toda la información en su perjuicio. De hecho, hasta ahora ha sido muy difícil identificarlos.

Sin embargo, como la situación de precariedad es evidente, quieren que el Municipio los ayude. “La gente quiere dialogar y negociar, pero sin abandonar el predio. No quiere perder su lugar”, concluyó la mujer.

¿Cuántos son?

Dicen que son 250 familias las que participan de la toma, pero la Justicia y el Municipio realmente no lo saben porque sus funcionarios no pueden avanzar con un censo.

Nueva toma

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