Sanciones por falsas amenazas de bomba

Las penas van desde multas hasta la cárcel. Hay investigaciones en curso.

Las falsas amenazas de bomba son una broma común en la provincia. En 2017, los llamados al 911 que no representaban una urgencia fueron el 60% y, entre ellos, la mayoría eran amenazas falsas. Eso motivó una ley provincial, aprobada en 2018, que establece multas de dinero de hasta $50.000 e incluso hasta un máximo de 30 días de arresto. La Justicia también comenzó a imponer mano dura: investigarán por intimidación pública a los autores de los llamados y esta semana identificaron al bromista que hizo evacuar un colegio de Roca. En Cipolletti, Viedma y Bariloche hay casos similares.

Los llamados ponen en marcha operativos muy costosos y obligan a afectar recursos en la central de emergencias. Por eso, a partir de la ley, comenzaron las investigaciones para sancionar a los autores. La Procuración General identificó la línea desde la que se hizo el llamado y la fiscal jefa de Roca, Teresa Giuffrida, confirmó que en los próximos días le formularán cargos. El delito a imputarse sería, en principio, el de intimidación pública, que tiene una pena de 2 a 6 años de prisión.

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La mayoría de las investigaciones se topan con problemas para identificar al autor de la llamada porque se hacen desde teléfonos con chips sin titular de línea. Sin embargo, el trabajo del área de Telecomunicaciones comienza a dar resultados.

En Bariloche se avanza con una causa similar. En Cipolletti, en tanto, la última amenaza de bomba fue el 29 de octubre, cuando hubo que evacuar el colegio Belgrano y al lugar llegaron móviles del COER, la Policía, Bomberos y Protección Ciudadana. Tras inspeccionar el edificio, se determinó que no había ningún artefacto explosivo.

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