Polémica en Allen: la Justicia define si imputa al intendente Román por peculado

En teléfono celular es la clave de la investigación judicial contra el intendente de Allen, Marcelo Román, y al empresario de medios Sebastián Ocampo. Durante una audiencia realizada este lunes en la sala 2 de los Tribunales de Roca, la fiscal Celeste Benatti solicitó avanzar con la formulación de cargos contra el jefe comunal y el empresario.

De acuerdo con la teoría expuesta por Benatti, el celular fue adquirido con fondos públicos por un valor de $479.999, y contaba con una línea corporativa cuyo abono mensual era afrontado por la Municipalidad. Sin embargo, el aparato terminó en manos de Ocampo, quien no ocupaba ningún cargo formal en la estructura de la comuna.

La fiscalía imputó a Román por los delitos de peculado y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, mientras que a Ocampo se le atribuyó una participación necesaria. Según la fiscal, Ocampo "utilizó el teléfono para impartir órdenes y directivas" a empleados municipales y tomó decisiones de gestión, es decir, que actuaba como un funcionario del gabinete municipal sin tener una designación formal.

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La hipótesis fiscal sostiene que el perjuicio abarca tanto la compra del equipo como el uso posterior que se le asignó. Para sustentar la acusación, el Ministerio Público Fiscal presentó registros telefónicos, documentación administrativa, grupos de WhatsApp y declaraciones de empleados.

El testimonio contra el intendente de Allen

Uno de los pilares de la acusación es la declaración de Griselda Morel, exsecretaria de Hacienda de Allen, quien se desempeñó durante 18 años en el Municipio. Según la fiscal, Morel relató que conoció a Ocampo cuando Román ganó las elecciones y manifestó que el empresario "no le daba confianza".

La exfuncionaria aseguró que Ocampo intervenía en el funcionamiento municipal sin designación oficial. Además, indicó que Román lo presentaba como su "mano derecha" y que en reuniones internas afirmaba: "Quien no quiera a Sebastián se va", según reveló ANR.

Morel también describió presuntas irregularidades administrativas y movimientos de dinero sospechosos durante su gestión, declaraciones que coinciden con los testimonios de otros empleados municipales.

Los argumentos de la defensa del intendente

Las defensas de los acusados rechazaron la formulación de cargos. El abogado de Román, Matías Rubio, cuestionó fuertemente a Morel y solicitó excluir su testimonio de las pruebas. "Morel fue quien con fondos municipales compró el celular", afirmó Rubio, argumentando que "no puede tener carácter de testigo ya que reconoció ejecutar y avalar las defraudaciones".

Rubio sostuvo que la compra se realizó mediante contratación directa regulada por las ordenanzas vigentes y bajo los montos autorizados. Asimismo, aseguró que "no hay plataforma probatoria para imputar al intendente" y detalló que el día de la compra, Román se encontraba en Neuquén con su esposa adquiriendo un vehículo cero kilómetro, lo cual buscará acreditar mediante cámaras y documentos.

Por su parte, Federico Diorio, defensor de Ocampo, adhirió a los planteos de Rubio, pidió excluir la información del teléfono de Morel y cuestionó la calificación legal de administración fraudulenta. Diorio señaló contradicciones en las declaraciones de los testigos Benjamín Marín y Marta Escobar sobre el uso del teléfono y sugirió la existencia de un componente político en la causa.

La Justicia aún no se pronunció

La jueza Natalia González no resolvió la situación procesal de forma inmediata. Tras escuchar los planteos de las partes, dispuso un cuarto intermedio y fijó la continuidad del debate para el próximo 17 de junio a las 8, momento en el que continuará la discusión sobre la acusación y los planteos defensivos.

El expediente judicial se inició el 26 de junio de 2025 tras una denuncia promovida por miembros del Tribunal de Cuentas de Allen. La presentación judicial cuestionó diversas irregularidades en el funcionamiento municipal, centrando la atención en el uso de un celular público por un particular. A raíz de la denuncia, se efectuaron allanamientos, secuestros de documentación y peritajes telefónicos que dieron forma a la actual imputación.