Un municipio del Alto Valle compactará decenas de motos secuestradas y no reclamadas

El municipio de Campo Grande tiene el aval para compactar más de 60 motos secuestradas por infracciones de tránsito que no fueron reclamadas por sus titulares y generan perjuicios al estado comunal.

La medida, que ya fue implementada en otras ciudades de la zona, fue establecida en una ordenanza sancionada en diciembre del año pasado por el Concejo Deliberante de la localidad ubicada en el noroeste del Alto Valle rionegrino y que comprende las poblaciones de Sargento Vidal, San Isidro, Villa Manzano y el barrio El Labrador.

La norma, publicada en el Boletín Oficial provincial del jueves 8 de este mes, declara en “estado de abandono presunto” los rodados retenidos en dependencias municipales y autoriza al Poder Ejecutivo a proceder a su compactación, reciclado o destrucción.

Campo Grande

Se precisa que estarán en condiciones de ser sometidos al procedimiento cuando los vehículos se encuentren en estado de deterioro tal que impliquen “riesgo para la salud pública o el medio ambiente”, cuando haya vencido el plazo de intimación sin que el titular o persona con derecho acreditado se presente a solicitarlo o en caso de que exista presunción fundada de abandono.

El trámite establece que previo a disponer el destino final de las motos el municipio debía publicar edictos o comunicados en medios digitales o gráficos oficiales.

En este caso el gobierno difundió el 3 de octubre en sus redes sociales un comunicado en el que informaba que tenía más de 60 unidades confiscadas en su predio y convocaba a sus propietarios a retirarlas. Aunque para eso debían presentar al Juzgado de Faltas el título del Registro Nacional del Automotor, tarjeta verde o la azul. El plazo vencía el 14 de noviembre siguiente. Luego de esa fecha se consideraría el rodado abandonada y se avanzaría en su compactación.

Perjuicios de los vehículos amontonados

Entre los fundamentos de la ordenanza aprobada por los concejales de Campo Grande se destaca que los rodados se encuentran en estado de abandono en un predio municipal y generan “un foco de inseguridad, riesgo sanitario, contaminación ambiental y ocupación indebida de espacios municipales”.

Añade el documento que el estado comunal debe “resguardar la salud pública, el ambiente y el orden urbano, conforme a las facultades otorgadas por la normativa vigente” y que por el “deterioro avanzado” que muestran algunos de estos rodados “hace presumir razonablemente su abandono definitivo, configurando un peligro real o potencial para la salud y el medio ambiente”.

Pero se requería de una herramienta legal que “permita intimar” a los titulares y que, ante la incomparecencia, disponer su destrucción sin lugar a potenciales reclamos. Se destaca en este aspecto que el municipio tiene competencia para dictar “normas de policía administrativa en materia de tránsito, salubridad y ambiente”.

Quien realizará la labor

Aun no hay una fecha definida para proceder a la compactación de las motos ni quien lo hará. La ordenanza faculta al Ejecutivo comunal a celebrar convenios con organismos provinciales privados, nacionales o empresas habilitadas para que realicen la labor.

Se incluye que en caso de obtener fondos por los metales aplastados el mismo gobierno podrá disponer de ellos.

Otros municipios de la región han realizado el mismo procedimiento ante la acumulación de vehículos secuestrados. Por caso en 2022 Cipolletti anunció la destrucción de rodados secuestrados cinco años antes. Había cerca de 600 que cumplían con ese requisito. El trabajo se llevaba a cabo con la adhesión a la Ley Provincial de compactación. En 2013 fueron 320 unidades desguazadas en Neuquén, donde durante algo más de un mes trabajó una empresa contratada por el gobierno de la vecina capital. Esperaban repetir la operación el año siguiente.