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Traspaso de las rutas 22 y 151: qué le exige la Provincia a Nación

"No se puede pretender solucionar desde la Provincia en un corto plazo lo que el Estado Nacional no solucionó en 20 años", dijo el ministro de Obras Públicas.

El proceso para que Río Negro asuma el control de las rutas 22 y 151 ingresó en un terreno pantanoso. Las partes tienen intención de concretar el cambio de jurisdicción sobre los caminos, pero al analizar cuestiones técnicas comenzaron las complicaciones y la negociación se estira.

"La gente tiene que saber que con las rutas, arrancaremos menos diez", dijo el ministro de Obras y Servicios Públicos provincial, Alejandro Echarren para graficar el estado de situación. Actualmente, no se pueden estimar plazos de obras para rutas que ni siquiera tienen mantenimiento en las banquinas.

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El problema no es solo la discusión de los recursos económicos para completar las obras. Existe un grave vacío documental heredado de la gestión de Vialidad Nacional y dudas sobre cómo se resolverán los contratos abiertos. Según detalló el funcionario, la falta absoluta de proyectos ejecutivos en tramos clave obligará a la Provincia a iniciar las gestiones prácticamente desde cero. Esto transformará la reactivación de las obras en un proceso extremadamente lento.

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El gobierno provincial quiere el control de las rutas 22 y 151, pero exige al gobierno nacional que la transferencia incluya los proyectos ejecutivos de las obras.

El gobierno provincial quiere el control de las rutas 22 y 151, pero exige al gobierno nacional que la transferencia incluya los proyectos ejecutivos de las obras.

La situación de las obras en las rutas

Durante los últimos encuentros técnicos con el Gobierno Nacional, las autoridades rionegrinas corroboraron que existen sectores fundamentales sin planificación alguna. El ministro Echarren puntualizó un caso concreto: el tramo que va desde la zona de Allen hasta Cipolletti. En ese sector no existe ningún proyecto ejecutivo de obra.

Esta carencia de estudios técnicos impide calcular costos, plazos o especificaciones. Además, el desarrollo de estos planos excede la capacidad operativa de la estructura actual de Vialidad Provincial, se advirtió desde el Ejecutivo.

Por este motivo, el Estado rionegrino se verá forzado a contratar consultoras externas para elaborar los proyectos desde el inicio. Ante este panorama, Echarren fue categórico: "No se puede pretender solucionar desde la Provincia en un corto plazo lo que el Estado Nacional no solucionó en 20 años".

En las reuniones ante Nación, la Provincia planteó que el traspaso debe efectuarse con los proyectos técnicos ya definidos, lo que agilizaría los procesos para poner en marcha las obras.

Litigios judiciales y contratos paralizados

A la falta de herramientas técnicas se le suma un complejo escenario legal que traba cualquier intervención inmediata. Las obras sobre las trazas se encuentran completamente paralizadas o neutralizadas en la actualidad. Además, las empresas contratistas mantienen litigios judiciales vigentes con la administración central.

La postura de Río Negro ante Vialidad Nacional es firme. Echarren aseguró que el Estado Nacional debe resolver y rescindir todos los vínculos contractuales pendientes. Es "indispensable" liberar jurídicamente las rutas antes de que la provincia pueda tomar posesión formal de las mismas.

El diseño de la traza no se negocia

A pesar de las demoras logísticas previstas, la administración de Alberto Weretilneck ratificó que no cederá en el diseño original de las obras. La provincia rechazó la intención histórica de la Nación de reducir la Ruta Nacional 22 a un esquema simple de un carril por lado en ciertos sectores.

Río Negro exigirá formalmente que se dé continuidad al modelo de autopista de dos carriles por sentido. Se busca replicar el formato del tramo que ya se encuentra ejecutado entre Chichinales y Cervantes.

Para formalizar estas condiciones, los ministerios de Economía, Obras Públicas, la Fiscalía de Estado y Vialidad Provincial trabajan a contrarreloj. Diseñan una propuesta jurídica propia que reemplace el convenio estándar que Nación ofrece habitualmente al resto de las provincias.

Rutas deplorables y fondos que no llegan

El reclamo por el financiamiento vial también forma parte de las tensiones políticas de la negociación. El ministro detalló que "durante el año 2025 el Estado Nacional recaudó 4 billones 122 mil millones de pesos en concepto de impuesto al combustible".

Por ley, el 28,58% de esa masa coparticipable debió asignarse al mantenimiento de las calzadas nacionales y provinciales. Esto representa más de 1 billón 600 mil millones de pesos que no se volcaron a las rutas.

"En Río Negro solo se percibieron tareas mínimas de bacheo. La falta de inversión derivó en un estado deplorable de 510 kilómetros de traza compartida entre la 22 y la 151. Actualmente, las banquinas presentan malezas de hasta un metro de altura, lo que obstruye la visibilidad en zonas con presencia de animales", cuestionó el funcionario a LU19.

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