Se terminó el beneficio para algunos condenados: qué delitos quedaron alcanzados en Río Negro

El Gobierno de Río Negro reglamentó la modificación de la Ley S Nº 3008 de ejecución penal y puso en vigencia nuevas restricciones para el acceso a salidas transitorias y beneficios de libertad anticipada en casos de delitos graves.

La medida busca garantizar un mayor cumplimiento efectivo de las condenas impuestas por la Justicia y, según planteó el Ejecutivo provincial, fortalecer la protección de las víctimas y de la comunidad frente a hechos de especial gravedad.

Estefania Petrella

Qué establece la nueva reglamentación

La modificación de la legislación provincial limita la posibilidad de que las personas condenadas por determinados delitos accedan a beneficios antes de completar las penas establecidas judicialmente. La norma fue sancionada recientemente por la Legislatura de Río Negro.

El nuevo esquema alcanza a quienes recibieron condenas por delitos considerados de mayor gravedad, entre ellos homicidio simple y agravado, delitos contra la integridad sexual, robo agravado y homicidio cometido en ocasión de robo.

También quedaron contemplados casos de tortura seguida de muerte y secuestro extorsivo cuando el hecho haya provocado la muerte de la víctima. De esta manera, la Provincia amplía las situaciones alcanzadas por las restricciones previstas para la ejecución de las penas.

La iniciativa establece modificaciones sobre la normativa provincial que regula el cumplimiento de las penas privativas de la libertad.

También incluye delitos vinculados con funcionarios

Uno de los aspectos destacados de la reforma es que Río Negro decidió extender las restricciones a delitos que no forman parte del listado contemplado por la legislación nacional vigente.

Entre ellos aparecen el cohecho, el grooming, distintos delitos contra la administración pública y el enriquecimiento ilícito de funcionarios. La Provincia planteó así un criterio más amplio para definir qué condenas pueden quedar excluidas de determinados beneficios.

El gobernador Alberto Weretilneck sostuvo que la decisión apunta a establecer una misma vara frente a delitos cometidos tanto contra las personas como contra el Estado. Para el Ejecutivo, las consecuencias deben resultar claras después de una condena judicial.

“Somos firmes con el que mata, con el que viola, con el que roba utilizando violencia, pero también con el funcionario que se enriquece ilegalmente o recibe una coima”, afirmó el mandatario provincial al referirse a la modificación.

Estefania Petrella

La estrategia de seguridad del Gobierno

Weretilneck presentó la reglamentación como parte de una política más amplia en materia de seguridad y justicia que Río Negro viene desarrollando durante los últimos años.

En ese marco, mencionó otras modificaciones impulsadas por la Provincia, entre ellas la reiterancia, destinada a endurecer la respuesta frente a personas que vuelven a cometer delitos, y la denominada doble condena.

Según explicó, esta última medida busca que una persona con una sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia permanezca detenida mientras continúa con las instancias de apelación previstas por el proceso judicial.

El gobernador vinculó esas reformas con la intención de evitar lo que definió como una “puerta giratoria” del sistema penal. La nueva normativa sobre beneficios para condenados por delitos graves constituye, según señaló, otro paso dentro de esa misma orientación.

El foco puesto en las víctimas

Desde el Gobierno provincial remarcaron que uno de los objetivos centrales de la modificación consiste en reforzar la protección de las víctimas y evitar que los condenados por hechos de especial gravedad recuperen anticipadamente determinados beneficios.

Weretilneck sostuvo que durante años la discusión sobre política penal estuvo concentrada principalmente en los derechos de las personas que cometieron delitos, mientras que las víctimas quedaron relegadas dentro del debate público.

“Queremos recuperar ese equilibrio. En Río Negro, la víctima importa, la seguridad de la sociedad importa y las condenas de la Justicia se tienen que cumplir”, afirmó el gobernador al defender la implementación de la reforma.

La reglamentación establece así el marco necesario para aplicar las modificaciones aprobadas por la Legislatura y profundiza el criterio provincial de limitar beneficios penitenciarios en determinados casos.

Un cambio con antecedentes en otras jurisdicciones

La decisión adoptada por Río Negro tiene antecedentes en otras jurisdicciones del país. Mendoza comenzó en 2012 un proceso orientado a restringir determinados beneficios para personas condenadas por delitos de gravedad.

A nivel nacional, en 2017 fue sancionada la Ley Nº 27.375, que introdujo modificaciones al régimen de ejecución penal y estableció mayores restricciones para acceder a determinados beneficios en casos específicos.

Río Negro optó ahora por modificar su propia legislación de ejecución penal, dentro de las competencias provinciales, y amplió el alcance de las restricciones respecto de algunos delitos contemplados en su normativa.

Con la reglamentación, la Provincia completa el proceso iniciado con la sanción de la reforma y avanza hacia una aplicación efectiva de las nuevas condiciones para el cumplimiento de las penas.

Qué busca cambiar en el sistema penal

La nueva normativa apunta a que las condenas por delitos graves tengan un cumplimiento efectivo y que el acceso a determinados mecanismos de salida o libertad anticipada quede limitado en las situaciones definidas por la legislación.

Para el Gobierno, la reforma forma parte de una política destinada a fortalecer las consecuencias jurídicas de los delitos y reducir las posibilidades de reiteración delictiva después de una condena.

El Ejecutivo provincial sostiene que las modificaciones buscan establecer reglas más claras para quienes cumplen penas y reforzar la respuesta estatal frente a hechos que afectan gravemente a las víctimas y a la sociedad.