Los vecinos van a la Justicia contra el cobro del asfalto: qué dijo la Muni
Recurrieron a la Justicia en contra de la obligación de todos los contribuyentes de pagar por una obra de asfalto en una sola calle. La justificación del Ejecutivo.
El cobro del afalto a todos los vecinos genera polémica. Foto: archivo.
El avance de una obra de asfalto generó una fuerte polémica en la que intervendrá la Justicia. La decisión de cobrar el costo del proyecto a todos los vecinos generó fuerte repudio y hay una presentación judicial que sostiene que la decisión es inconstitucional. Desde el Municipio, en tanto, aseguran que la decisión está justificada.
La polémica surgió en torno a la obra de asfalto en la calle Güemes, una de las arterias clave dentro del plan de conexión vial dispuesto por el Municipio de General Roca. La decisión de la intendenta María Emilia Soria generó una fuerte polémica que ya escaló a los tribunales.
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El cobro del costo del asfalto a los vecinos es la modalidad que más se utiliza en los municipios del Alto Valle, como en Cipolletti. Sin embargo, siempre se prorratea entre los frentistas directamente beneficiados.
Vecinos "no frentistas" decidieron presentar una demanda judicial debido a que el Ejecutivo municipal determinó que la obra sea financiada por la totalidad de los contribuyentes locales a través del pago de sus tasas, argumentando la falta de financiamiento por parte del Gobierno Nacional.
La polémica por el asfalto
La obra en la calle Güemes representa la primera etapa de un conector vial estratégico para quienes ingresan a la ciudad por la calle Mendoza o por la calle Jujuy. Si bien los frentistas se ven directamente beneficiados por la mejora de una calzada que en días de lluvia se tornaba imposible de transitar, el conflicto surge a partir de la modificación de una ordenanza municipal que obliga a los vecinos no frentistas a aportar al financiamiento de la obra.
Según manifestaron los damnificados, el cobro tomó por sorpresa a muchos contribuyentes cuando vieron incrementadas sus tasas habituales de manera no habitual con un extra a pagar en seis cuotas. Aunque el municipio habilitó en su momento un registro de oposición, los reclamantes señalaron que no hubo una difusión correcta y que, por la escala de la ciudad (con más de 120 mil habitantes), se requería que el 30% de la población se anotara para frenar la medida, un porcentaje que consideran de cumplimiento imposible.
Asimismo, manifestaron su preocupación ya que esta es la primera de un plan que contempla otras nueve obras bajo la misma metodología. Existen antecedentes en la ciudad, como en el barrio Unter, donde sectores vulnerables y jubilados que cobraban la mínima sufrieron cuotas que superaban el 50% de sus salarios, evidenciando que el reclamo no es en contra del asfalto en sí, sino contra el elevado costo de la obra y los cortos plazos de financiación.
La presentación ante la Justicia
Ante esta situación, un grupo de vecinos damnificados decidió avanzar hacia la justicia para que intervenga en la situación. El abogado que patrocina a los reclamantes detalló los alcances de la presentación formal:
"Nosotros presentamos una acción de inconstitucionalidad ante la justicia legislativa de Roca por vecinos no frentistas de la obra que recibieron un cobro por el asfalto de Calles Güemes".
De acuerdo con el letrado, la acción está regulada por el Código Procesal Constitucional de la Provincia de Río Negro, en sus artículos 2 y 3, y busca que un juez dicte la inconstitucionalidad de dos normativas locales: la Ordenanza 5070 y la Ordenanza 5071.
"La 5070 crea el plan de conectividad de infraestructura vial. Establece un mecanismo de financiación de las obras 25 % a cargo de los frentistas y 75 % a cargo de no frentistas. Y la primera obra que se realiza bajo esta metodología es la de asfalto de calle Güemes que está establecido en la Ordenanza 5071", explicó el abogado.
Un impuesto cuestionado
La defensa de los vecinos sostiene que la Ordenanza 5070 vulnera tanto la Constitución Nacional como la Provincial.
"Principalmente el artículo 230 que establece que para que un municipio pueda cobrar una tasa o una contribución de mejoras, tiene que haber un servicio o un beneficio efectivo recibido por el contribuyente, que no sería el caso. En este caso terceros estarían contribuyendo al financiamiento de una obra que beneficia directamente a otro vecino. En definitiva entendemos que se trata de un impuesto encubierto bajo la figura de esta tasa y hay precedentes miles de la Corte Suprema de Justicia que ya han declarado inconstitucional este tipo de tributos, entre ellos un caso conocido, la de Ecotasa de Bariloche", se argumentó en la presentación.
El impacto económico actual para este caso puntual consiste en un cobro de seis cuotas fijadas en 35.447 pesos según la presentación técnica (aunque testimonios vecinales afirman que el extra ronda los 40.000 pesos). Los demandantes critican que la liquidación se emite de forma directa sin contemplar la capacidad contributiva.
Desde el Municipio, en tanto, aseguraron que el cobro del asfalto a todos los contribuyentes está estipulado por ordenanza. "Es una obra que beneficia a todos los roquenses porque brindará mayor seguridad vial y agilizará el tránsito", aseguraron desde el Ejecutivo.
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